La disputa judicial por el financiamiento de las universidades públicas sumó un nuevo capítulo. La Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal hizo lugar a un planteo del Gobierno nacional y habilitó el tratamiento de una apelación contra la continuidad de la ejecución de una medida cautelar vinculada con la Ley de Financiamiento Universitario.

La resolución, conocida este martes 20 de octubre, representa un avance para la estrategia judicial del Ministerio de Capital Humano, que cuestiona la vigencia de la medida y sostiene que el Estado ya cumplió con las obligaciones que le corresponden. Sin embargo, los camaristas no determinaron si el Gobierno cumplió o incumplió la cautelar ni resolvieron si esta debe continuar vigente.

El planteo oficial había sido rechazado por el juez de primera instancia, Martín Cormick, quien dispuso que continuara el procedimiento para ejecutar la medida cautelar. Ante esa negativa, el Estado presentó un recurso de queja para que la Cámara habilitara la revisión.

Los jueces consideraron que impedir la apelación podía ocasionar un perjuicio irreparable al Gobierno, debido a que seguía en discusión la obligación de cumplir la orden judicial y existía la posibilidad de aplicar sanciones económicas.

Qué reclama el Gobierno

Entre los argumentos presentados, el Ministerio de Capital Humano sostuvo que la medida cautelar había sido dictada con un límite temporal y que ese plazo ya había vencido. Desde esa interpretación, el Ejecutivo cuestiona que se mantenga abierto el procedimiento para exigir su cumplimiento.

La representación estatal también afirmó que había cumplido las obligaciones vinculadas con los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, referidos a la actualización de los salarios universitarios y al financiamiento de becas estudiantiles. Además, objetó que no estuvieran suficientemente precisados los montos que debía abonar.

La controversia se relaciona con la aplicación de la ley que establece mecanismos para actualizar los recursos destinados a las universidades nacionales. El Gobierno había condicionado su implementación mediante el Decreto 759/2025, una decisión cuestionada judicialmente por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y otras instituciones.

El juez Cormick declaró inconstitucional esa condición y ordenó aplicar la norma. El Estado apeló esa sentencia, mientras que el procedimiento para ejecutar la medida cautelar continuó en un expediente vinculado.

Las multas y el alcance del fallo

La decisión de este martes se suma a otro pronunciamiento de la misma Sala III, del 15 de octubre, que habilitó la revisión de las sanciones económicas impuestas por el incumplimiento de la cautelar. En ese caso, quedaron suspendidas provisoriamente las multas diarias de 100.000 pesos que podían aplicarse al jefe de Gabinete, Diego Santilli, mientras avanza la apelación.

Ambas resoluciones favorecen al Gobierno en el trámite judicial, pero no equivalen a una sentencia definitiva sobre el financiamiento universitario. La Cámara debe analizar los recursos presentados y determinar el alcance de las obligaciones discutidas.

Por lo tanto, el conflicto continúa abierto. Mientras el Ejecutivo insiste en sus argumentos presupuestarios y procesales, las universidades reclaman la aplicación efectiva de la ley y el cumplimiento de las resoluciones judiciales que protegen los recursos destinados al funcionamiento del sistema, los salarios del personal y las becas estudiantiles.