La Justicia Federal volvió a pronunciarse a favor de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y dio un nuevo paso en el conflicto que enfrenta al Gobierno nacional con las universidades públicas.

El juez federal Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, declaró inconstitucional la cláusula del Decreto 759/2025 que había condicionado la aplicación de la Ley 27.795 a la identificación de las fuentes de financiamiento y a la incorporación de las partidas correspondientes al presupuesto.

A partir de esta decisión, el magistrado ordenó al Poder Ejecutivo el cumplimiento inmediato de la Ley de Financiamiento Universitario, junto con el dictado de las normas reglamentarias y ejecutorias necesarias para hacer efectiva su aplicación.

El punto central del conflicto

La Ley 27.795, denominada Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente, había sido aprobada por el Congreso en agosto de 2025. El Poder Ejecutivo la vetó posteriormente, pero ambas cámaras legislativas insistieron con su sanción y reunieron las mayorías especiales previstas por la Constitución.

En ese contexto, el Ejecutivo promulgó la norma mediante el Decreto 759/2025, pero introdujo un condicionamiento vinculado con el financiamiento de los gastos que implicaba su aplicación.

Para Cormick, esa condición terminó funcionando como un mecanismo que impedía la puesta en vigencia efectiva de una ley que había sido ratificada por el Congreso.

El magistrado sostuvo que, luego de la insistencia legislativa con las mayorías previstas constitucionalmente, no correspondía que el Poder Ejecutivo incorporara restricciones capaces de neutralizar la aplicación de la norma.

Qué ordenó el juez

La sentencia dispone que el Estado Nacional debe cumplir inmediatamente con la Ley 27.795 y adoptar las medidas reglamentarias y administrativas necesarias para ponerla en funcionamiento.

El fallo cuestiona específicamente el apartado del decreto que vinculaba la ejecución de la ley con la previa determinación de las fuentes de financiamiento. No se trata, por lo tanto, de una declaración de inconstitucionalidad de todo el decreto, sino de la cláusula utilizada para condicionar la aplicación de la ley.

La resolución también destaca que la propia Ley 27.795 contempla mecanismos y pautas para afrontar su implementación y otorga facultades al Poder Ejecutivo para realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias.

Para el magistrado, utilizar la falta de una determinación presupuestaria adicional como argumento para mantener suspendida la norma resulta irrazonable frente al proceso legislativo que atravesó la ley.

Salarios y becas, en el centro de la disputa

El nuevo fallo se suma a una serie de decisiones judiciales que ya habían obligado al Gobierno a avanzar con aspectos centrales de la Ley de Financiamiento Universitario.

En junio pasado, la Corte Suprema de Justicia de la Nación había dejado firme la medida cautelar que ordenaba aplicar los artículos 5 y 6 de la norma, vinculados con la actualización de los salarios de docentes y no docentes y la recomposición de las becas estudiantiles.

En septiembre, además, Cormick había intimado nuevamente al Estado a cumplir con esa medida cautelar y le había otorgado cinco días para acreditar su cumplimiento, luego de considerar insuficiente la documentación presentada por el Gobierno.

La nueva resolución avanza sobre otro aspecto: ya no se limita a una medida cautelar, sino que resuelve la cuestión de fondo relacionada con la validez del condicionamiento introducido por el Ejecutivo.

Un nuevo escenario para las universidades

La decisión judicial representa un nuevo revés para el Gobierno en la disputa por el financiamiento de las universidades nacionales y coloca al Poder Ejecutivo ante la obligación de instrumentar la ley.

El conflicto se había profundizado durante los últimos meses por los reclamos de rectores, docentes, trabajadores no docentes y estudiantes, que denunciaron el incumplimiento de las disposiciones de la Ley 27.795.

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que reúne a las universidades nacionales, había sostenido reiteradamente que la norma debía aplicarse en forma integral y que las decisiones judiciales debían ser acatadas por el Ejecutivo.

Con este nuevo fallo, la Justicia vuelve a marcar el camino de cumplimiento de una ley que fue aprobada por el Congreso, vetada por el Ejecutivo y posteriormente ratificada por ambas cámaras legislativas.

Ahora será el Gobierno nacional el que deberá avanzar con las medidas necesarias para hacer efectiva la Ley de Financiamiento Universitario.