El Gobierno nacional no concretó dentro del plazo establecido por la Justicia la aplicación de los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario, que contemplan la actualización de las becas Progresar y de los salarios de los trabajadores de las universidades nacionales. Ante esta situación, la Justicia rechazó la apelación presentada por el Poder Ejecutivo y otorgó un nuevo plazo de cinco días hábiles para avanzar con el cumplimiento de la norma.

La decisión se produjo luego del fallo del juez Martín Cormick, que había establecido el 30 de septiembre como fecha límite para que el Gobierno implementara las medidas previstas por la ley. El Ejecutivo había apelado la resolución al sostener que existía un cumplimiento parcial y que las negociaciones paritarias con los trabajadores universitarios continuaban.

La Justicia rechazó ese planteo y extendió también el plazo previsto para la aplicación de multas económicas diarias contra el Ejecutivo o los funcionarios responsables del cumplimiento.

La pérdida del salario universitario

El conflicto se desarrolla en paralelo con un nuevo paro de 72 horas convocado por los gremios docentes y con el reclamo de las organizaciones universitarias por la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores y el deterioro de las becas estudiantiles.

Según un informe elaborado por la Federación de Docentes de las Universidades y el Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación, entre noviembre de 2023 y agosto de 2026 la inflación acumuló un incremento del 336%, mientras que los salarios de las universidades nacionales aumentaron 226,8%.

De acuerdo con esos datos, la diferencia representa un deterioro de 109 puntos porcentuales en el poder adquisitivo. Para recuperar el nivel salarial de finales de 2023, los sueldos universitarios deberían incrementarse un 33,4%, mientras que las becas Progresar requerirían una actualización estimada de entre 90% y 100%.

Desde la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), su secretaria general, Clara Chevalier, cuestionó la falta de implementación de la ley y advirtió que podrían impulsarse acciones judiciales contra funcionarios por un eventual incumplimiento de sus deberes.

“Lo único que tiene que hacer es cumplir con lo que le indicaron el Poder Legislativo y el Poder Judicial, y ejecutar la Ley de Financiamiento Universitario”, sostuvo Chevalier.

También está en discusión el Presupuesto 2027

El conflicto por el financiamiento universitario se superpone con el debate por el proyecto de Presupuesto 2027 presentado por el Poder Ejecutivo.

En el último plenario de autoridades universitarias, rectores y rectoras acordaron solicitar 11 billones de pesos para el funcionamiento de las universidades nacionales durante el próximo año. Ese monto contempla la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

El proyecto oficial, en cambio, prevé una partida de 7 billones de pesos para las universidades nacionales, una diferencia que genera preocupación entre las autoridades del sistema universitario.

Nueva Marcha Federal Universitaria

En este escenario, la comunidad universitaria comenzó a preparar una nueva movilización nacional. La quinta Marcha Federal Universitaria está prevista para el 15 de octubre y tendrá como ejes el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, la situación salarial y el presupuesto destinado a las universidades nacionales.

Mientras continúan las definiciones sobre el recorrido de la movilización, el conflicto entre el Gobierno y las universidades permanece abierto tanto en el plano judicial como en el Congreso, donde se discute el Presupuesto 2027.