El juez del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°11, Martín Cormick, intimó nuevamente al Gobierno nacional por el incumplimiento de la medida cautelar vinculada al financiamiento universitario y estableció un plazo de cinco días para que el Ejecutivo dé cumplimiento a lo dispuesto.
En su resolución, el magistrado sostuvo que “no existe cumplimiento total de la cautelar dictada en autos, medida que se encuentra firme” y ordenó al Estado Nacional que dé “efectivo cumplimiento” a la medida dentro del plazo establecido, bajo apercibimiento de aplicar astreintes por cada día de demora.
La decisión se da en el marco del reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795 y alcanza específicamente a los artículos 5 y 6, cuyo cumplimiento había sido dispuesto mediante la medida cautelar.
El artículo 5 establece la actualización de los salarios de docentes y nodocentes, mientras que el artículo 6 contempla la actualización de las becas estudiantiles.
La nueva intimación se conoce luego de que, a comienzos de septiembre, Cormick rechazara el pedido para levantar la medida cautelar y solicitara al Gobierno que informara sobre el grado de cumplimiento de la resolución.
La decisión judicial se produce mientras continúa el plan de lucha de los trabajadores universitarios, que contempla un cese de actividades a nivel nacional.
El Frente Sindical de las Universidades Nacionales lleva adelante un paro total de 48 horas, dividido en dos jornadas de 24 horas. La primera se realizó el viernes 18 de septiembre, mientras que la segunda jornada se cumplió el martes 22.
La medida tuvieron entre sus reclamos la recomposición salarial, la actualización de las becas estudiantiles y mayores recursos para las universidades públicas. Además, el espacio ya definió la fecha de la quinta Marcha Federal Universitaria, prevista para el próximo 15 de octubre.
El conflicto salarial tuvo además un nuevo capítulo la semana pasada, cuando la negociación entre el Gobierno y los sectores docentes y nodocentes volvió a finalizar sin acuerdo.
En la reunión realizada en el Palacio Pizzurno, el Ejecutivo mantuvo una oferta de 3% de aumento, propuesta que ya había sido rechazada por las organizaciones sindicales.
Desde el Frente Sindical de las Universidades Nacionales cuestionaron el porcentaje ofrecido y señalaron que “está muy lejos de cumplir la cautelar que lo obliga a hacer efectivo el artículo 5 de la Ley de Financiamiento Universitario”.
A la disputa por los salarios y las becas se suma la discusión en torno al Presupuesto 2027.
El proyecto contempla 7,3 billones de pesos para el sostenimiento de las universidades públicas durante el próximo año, mientras que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) solicitó 11 billones de pesos.
De esta manera, el reclamo por el financiamiento universitario continúa atravesado por la negociación salarial, la actualización de las becas y la discusión judicial en torno al cumplimiento de la Ley 27.795.