El rector de la Universidad Nacional de Catamarca (UNCA), Oscar Arellano, expresó sus expectativas de cara a la  en el marco del conflicto por el financiamiento universitario y sostuvo que el Gobierno nacional debe cumplir con la normativa aprobada por el Congreso.

La instancia reunirá a representantes del Gobierno y del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), mientras continúa el conflicto entre las universidades nacionales y el Ejecutivo por el financiamiento, los salarios y la aplicación de la Ley 27.795.

Arellano consideró que la convocatoria representa una instancia “prudente” desde el punto de vista judicial y manifestó su expectativa de que permita avanzar hacia una definición.

“Siempre hemos tenido buena expectativa, la esperanza de que realmente el Gobierno cumpla con lo resuelto por el Congreso a través de una ley”, afirmó.

Para el rector, la audiencia de hoy permitirá abordar una situación en la que existen diferentes planos de discusión. Por un lado, mencionó los aspectos relacionados con la recomposición salarial y las becas que ya fueron alcanzados por decisiones judiciales. Por otro, señaló que todavía debe resolverse la cuestión de fondo relacionada con la Ley de Financiamiento Universitario y la discusión sobre el origen de los recursos para aplicarla.

Arellano consideró que esta última cuestión debería tener una resolución rápida. Según explicó, se trata de una discusión jurídica que, desde su perspectiva, no debería prolongarse.

“Esperamos que la Justicia determine realmente la cuestión de fondo y que la ley es absolutamente válida”, sostuvo.

El rector sostuvo que el respeto de las normas no debería depender de la posición política del Gobierno de turno y vinculó el conflicto con el funcionamiento de las instituciones democráticas.

“Si se cumple la ley, esto es también un mensaje muy claro hacia la sociedad que vivimos en democracia y que se respeta la ley”, afirmó.

En esa línea, planteó una contradicción entre exigir el cumplimiento de las normas y, al mismo tiempo, no aplicar una ley aprobada por el Congreso. “Si el Gobierno nacional exige que se cumplan algunas normas, no puede dar el ejemplo de no cumplirlas”, sostuvo.