El Consejo Superior de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) aprobó una reforma normativa integral destinada a fortalecer las políticas institucionales de género y derechos humanos. Las medidas incluyen la actualización del Plan de Igualdad de Género 2026-2027, la renovación del Protocolo para la Actuación en Situaciones de Violencias, la reforma del Reglamento de Investigaciones Administrativas y la aprobación de un nuevo Reglamento para la Convivencia Estudiantil.
La iniciativa busca consolidar una institucionalidad más robusta para promover la igualdad de trato y oportunidades, prevenir y erradicar las violencias y la discriminación por motivos de género, y fortalecer la protección de los derechos de toda la comunidad universitaria.
El nuevo Plan de Igualdad de Género para el período 2026-2027 establece una hoja de ruta con metas bianuales orientadas a fortalecer las políticas institucionales en la materia. Entre las acciones previstas se encuentran la creación del área de género en el Rectorado, la implementación de capacitaciones con perspectiva interseccional y de derechos humanos, la elaboración de un manual de lenguaje inclusivo, campañas de sensibilización y el desarrollo de sistemas de producción de datos e informes públicos sobre la temática.
La actualización del Protocolo para la Actuación en Situaciones de Violencias Directas e Indirectas basadas en el Género incorpora como principal novedad un formulario único y estandarizado para la recepción de denuncias, que estará disponible tanto de manera virtual como presencial en las Unidades de Violencia Directa e Indirecta (UVDI).
Además, la reforma fortalece el funcionamiento de estas unidades mediante la elaboración de un reglamento interno, el reconocimiento institucional de sus integrantes, la asignación de funciones con disponibilidad presupuestaria y la garantía de asistencia legal para quienes intervengan en el cumplimiento de sus tareas.
La reforma del Reglamento de Investigaciones Administrativas incorpora una serie de modificaciones orientadas a reforzar la protección de derechos y mejorar los procedimientos internos.
Entre los principales cambios se destacan la incorporación de criterios específicos para abordar casos de violencia laboral y de género, la prevención de actos discriminatorios y discursos de odio, la clasificación y graduación de faltas disciplinarias, la creación de sanciones con carácter preventivo y reparador, la incorporación de la figura de la reiterancia y la implementación de mecanismos de mediación para la resolución de conflictos de convivencia.
El Consejo Superior también aprobó un Reglamento para la Convivencia Estudiantil destinado a garantizar el cumplimiento de las normas institucionales, promover la resolución pacífica de conflictos y asegurar el debido proceso en la aplicación de medidas disciplinarias, siempre bajo un enfoque interseccional de género y derechos humanos.
La universidad informó que las reformas responden a un diagnóstico institucional realizado entre 2023 y el primer semestre de 2026, período en el que se registraron 43 expedientes por situaciones de violencia de género, de los cuales 16 ya fueron concluidos.
Durante ese lapso se aplicaron medidas cautelares en el 79% de los casos, entre ellas prohibiciones de acercamiento y contacto, suspensiones de funciones, reubicaciones, licencias y cambios de comisiones. Asimismo, algunos expedientes permanecen en etapa de investigación, ejecución de sanciones o instancias administrativas y judiciales, mientras que otros fueron archivados por falta de pruebas, respetando tanto la protección de las personas denunciantes como las garantías del debido proceso.
Las sanciones aplicadas alcanzaron a estudiantes, docentes y personal no docente e incluyeron cesantías, suspensiones sin goce de haberes, apercibimientos, capacitaciones obligatorias y medidas de reparación, como pedidos públicos de disculpas.