El 29 de julio de 1966 quedó grabado como uno de los episodios más oscuros de la historia universitaria argentina. Esa noche, la Policía Federal irrumpió en cinco facultades de la Universidad de Buenos Aires (UBA), ocupadas por docentes, estudiantes y graduados que rechazaban la intervención dispuesta por la dictadura del general Juan Carlos Onganía. Hubo golpes, detenciones, laboratorios destruidos y bibliotecas devastadas. Aquella represión pasaría a la historia como la Noche de los Bastones Largos.

La violencia ejercida contra la comunidad universitaria tuvo consecuencias que trascendieron aquella noche. La autonomía universitaria quedó anulada y comenzó un proceso de desarticulación de equipos científicos que transformó para siempre el sistema académico argentino.

Según distintas reconstrucciones históricas, entre 1.106 y 1.378 docentes y trabajadores universitarios fueron cesanteados, expulsados o renunciaron tras la intervención. De ellos, 301 profesores emigraron al exterior, entre los que se encontraban 215 científicos, dando lugar a una de las mayores fugas de cerebros registradas en la historia del país.

La pérdida no fue solamente cuantitativa. Institutos de investigación de prestigio internacional quedaron desmantelados, numerosos proyectos científicos se interrumpieron y decenas de investigadores continuaron sus carreras en universidades de América Latina, Estados Unidos y Europa. El país perdió, en pocos meses, buena parte del capital humano que había construido durante años.

Uno de los casos emblemáticos fue el del Instituto de Cálculo de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, donde funcionaba "Clementina", la primera computadora científica de América Latina. El grupo liderado por el matemático Manuel Sadosky se dispersó y muchos de sus integrantes continuaron desarrollando su trabajo fuera de la Argentina.

Dos contextos distintos, una preocupación que vuelve

Sesenta años después, cualquier comparación lineal sería históricamente incorrecta.

La Argentina vive en democracia, las universidades nacionales mantienen su autonomía y la libertad académica está garantizada por el marco constitucional. Nada de eso ocurría en 1966, cuando una dictadura intervino las universidades, eliminó el cogobierno universitario y reprimió a estudiantes, docentes e investigadores.

El escenario actual, sin embargo, no está exento de tensiones. En los últimos años, el vínculo entre el Gobierno nacional y las universidades públicas estuvo atravesado por fuertes disputas en torno al financiamiento del sistema, la política científica y el rol de la educación superior. A ello se sumaron cuestionamientos públicos de funcionarios nacionales que acusaron a sectores del ámbito universitario de promover prácticas de adoctrinamiento, críticas que fueron rechazadas por rectores, docentes y organizaciones universitarias, que reivindicaron la pluralidad de ideas y la libertad de cátedra como principios esenciales de la universidad pública.

En ese contexto, el 60° aniversario de la Noche de los Bastones Largos vuelve a instalar una pregunta que hoy atraviesa a buena parte del sistema universitario y científico: ¿qué ocurre cuando las universidades comienzan a perder a sus docentes e investigadores?

Si en 1966 el éxodo fue consecuencia de la intervención militar, la persecución política y la represión, en la actualidad las preocupaciones son de otra naturaleza.

El costo de perder a quienes enseñan

Desde 2024, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), gremios docentes, investigadores y organizaciones vinculadas al sistema científico vienen advirtiendo sobre el impacto que el deterioro presupuestario y la pérdida del poder adquisitivo de los salarios tienen sobre el funcionamiento de las universidades nacionales.

Las autoridades universitarias sostienen que las dificultades para sostener equipos de investigación, las renuncias de docentes que buscan mejores condiciones laborales y la migración de investigadores hacia el sector privado o al exterior constituyen señales de alerta para un sistema cuya principal fortaleza ha sido históricamente la calidad de sus recursos humanos.

La universidad pública forma profesionales, docentes e investigadores durante años. Ese capital humano representa una inversión colectiva construida a lo largo de décadas.

Cuando esas capacidades se pierden, el impacto trasciende a una institución o a un gobierno. Se resienten proyectos científicos, líneas de investigación, programas de formación y procesos de innovación que requieren largos períodos de desarrollo.

La historia argentina ofrece un ejemplo contundente de esas consecuencias. La fuga de cerebros iniciada tras la Noche de los Bastones Largos dejó una marca profunda sobre el sistema científico nacional cuyos efectos se extendieron durante décadas.

Hoy, el debate no gira en torno a una intervención militar ni a la pérdida de la autonomía universitaria. La preocupación pasa por otro lado: cómo garantizar condiciones que permitan a las universidades seguir formando, reteniendo y desarrollando a quienes producen conocimiento.

Una discusión sobre el futuro

Las universidades públicas argentinas representan uno de los principales sistemas de formación profesional, investigación científica y desarrollo tecnológico de América Latina.

Buena parte de los avances en salud, ingeniería, ciencias sociales, educación, tecnología y producción de conocimiento tienen su origen en equipos de investigación que se sostienen desde las universidades nacionales y los organismos científicos.

Por eso, a sesenta años de la Noche de los Bastones Largos, el debate vuelve a poner el foco en una pregunta que trasciende las coyunturas políticas: qué condiciones necesita un país para evitar que quienes enseñan, investigan e innovan decidan abandonar las aulas, los laboratorios o incluso el propio país.

Las circunstancias históricas son profundamente distintas. También lo son las causas del conflicto. Pero la enseñanza que dejó aquella noche permanece vigente: cuando una sociedad pierde a sus docentes, investigadores y científicos, pierde también parte de su capacidad para construir futuro.

No es casual que durante las movilizaciones universitarias de los últimos años una de las consignas que más se repitiera haya sido "Sin salarios dignos no hay universidad pública de calidad". Detrás de esa frase se sintetiza una preocupación compartida por amplios sectores de la comunidad académica: que el desfinanciamiento termine debilitando aquello que convirtió a la universidad pública argentina en un motor de movilidad social, producción científica y desarrollo nacional.

Sesenta años después de la Noche de los Bastones Largos, la historia demuestra que un país no solo pierde conocimiento cuando sus universidades son intervenidas. También puede empezar a perderlo cuando quienes enseñan, investigan y forman a las nuevas generaciones dejan de encontrar las condiciones para seguir haciéndolo. Cuidar a sus docentes, investigadores y científicos sigue siendo, ayer como hoy, una condición indispensable para construir el futuro.