La Universidad Nacional de Salta reafirmó su compromiso con el derecho a la educación superior de las personas privadas de la libertad al participar en la homologación del acuerdo alcanzado en el marco del habeas corpus colectivo y correctivo «Asociación Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina y otros vs. Servicio Penitenciario de la Provincia de Salta» (Expte. Nº MIN-946843/25), en trámite ante el Juzgado de Minas de Salta, a cargo de la jueza María Victoria Mosmann.

En representación de la Universidad participaron el secretario de Asuntos Jurídicos, Abog. Daniel David Mansilla Muñoz, quien intervino en las instancias de diálogo y construcción del acuerdo, y el secretario Académico, Dr. Néstor Hugo Romero, quien tuvo una participación activa en el diseño y elaboración del Protocolo para la Educación Superior de las Personas Privadas de Libertad, aportando la perspectiva académica e institucional de la Universidad Nacional de Salta. En audiencias judiciales previas participaron la Vicedecana de la Facultad de Humanidades Mg. Marcela Álvarez, la secretaria Académica Mg. Silvia Castillo.

La intervención de la UNSa se enmarca en su política institucional de garantizar el acceso a la educación superior como un derecho humano fundamental, promoviendo que todas las personas, incluso aquellas que se encuentran en contextos de encierro, puedan acceder, permanecer y avanzar en sus estudios universitarios.

El proceso judicial fue impulsado por la Asociación Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina en representación de personas privadas de la libertad que cursan estudios universitarios, con el objetivo de poner fin a situaciones que afectaban el ejercicio efectivo del derecho a la educación dentro de las unidades penitenciarias provinciales.

Como resultado del trabajo conjunto desarrollado durante las audiencias e inspecciones realizadas en los establecimientos penitenciarios, las partes alcanzaron un acuerdo que fue homologado por la Justicia y que incorpora un «Protocolo para la Educación Superior de las Personas Privadas de Libertad», destinado a regular la organización y el funcionamiento de las actividades universitarias en contexto de encierro.

Un protocolo para garantizar el derecho a la educación

El nuevo protocolo establece un marco institucional que garantiza el ejercicio del derecho a la educación superior en armonía con las condiciones propias del sistema penitenciario, fijando principios vinculados con la igualdad, la no discriminación, la reinserción social, la protección integral de los derechos humanos y la prohibición de cualquier obstaculización arbitraria de las actividades universitarias.

Asimismo, crea una Comisión de Seguimiento Universitario, integrada por representantes institucionales y por estudiantes privados de la libertad, incluyendo representantes de unidades penitenciarias de varones y de mujeres, con el objetivo de acompañar la implementación del protocolo y monitorear su cumplimiento.

El acuerdo también prevé la participación del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura en las tareas de seguimiento, la capacitación del personal del Servicio Penitenciario en derechos humanos, educación en contextos de encierro y prevención de la discriminación, además de acciones de difusión sobre los derechos y deberes de los estudiantes universitarios.