A un mes de que la Corte Suprema de Justicia dejara firme la medida cautelar que ordena al Poder Ejecutivo actualizar los salarios docentes y no docentes y el monto de las becas estudiantiles, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) solicitó que la Justicia habilite la feria judicial de invierno para avanzar con una sentencia definitiva en la causa por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

El pedido fue presentado por el rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Franco Bartolacci, en representación del CIN, ante el Juzgado Contencioso Administrativo Federal de feria. El objetivo es que el expediente continúe su trámite durante el receso judicial y se dicte una resolución de fondo.

La causa está a cargo del juez Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°11, quien había dictado la medida cautelar en primera instancia. Ahora, el magistrado dio intervención al fiscal de feria para que dictamine si corresponde habilitar el receso para tratar el caso.

En su presentación, Bartolacci sostuvo que, desde la sanción de la Ley de Financiamiento Universitario en agosto de 2025, el Gobierno nacional no cumplió con las obligaciones establecidas por la norma ni con la medida cautelar dictada en diciembre del mismo año.

"Desde agosto de 2025, en que el Congreso sancionó la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria, no podemos obtener que el Poder Ejecutivo Nacional la cumpla. Ni siquiera ha cumplido con la medida cautelar dictada por vuestra señoría en diciembre de 2025 y ya estamos en julio de 2026", señaló el rector en el escrito.

Además, afirmó que el Ejecutivo realizó múltiples presentaciones destinadas a demorar el avance del expediente y calificó al caso como "la causa más importante de la Argentina en términos institucionales", al considerar que de su resolución depende el funcionamiento del sistema universitario nacional.

La cautelar que aún no se cumple

La medida cautelar, ratificada por la Corte Suprema a fines de junio, ordenó al Estado cumplir con los artículos 5 y 6 de la Ley N° 27.795, referidos a la recomposición salarial del personal docente y no docente y a la actualización de las becas estudiantiles.

Sin embargo, esos incrementos todavía no fueron efectivizados. Las universidades esperan que las liquidaciones correspondientes a julio reflejen finalmente el cumplimiento de la resolución judicial.

El reclamo de fondo

Además del cumplimiento de la cautelar, el planteo central del CIN busca que la Justicia declare la inconstitucionalidad del Decreto 759/2025, mediante el cual el Poder Ejecutivo condicionó la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario a la determinación de fuentes específicas de financiamiento.

Ese decreto fue utilizado por el Gobierno para frenar la implementación de otras leyes sancionadas por el Congreso, entre ellas la Ley de Discapacidad.

En paralelo, el 10 de junio el Poder Ejecutivo firmó un acta en la que se comprometió a transferir fondos para otorgar un incremento del 24,33% en la masa salarial universitaria, una suba del 20% en los gastos de funcionamiento y una ampliación de las partidas destinadas a hospitales universitarios hasta los 50.000 millones de pesos.

No obstante, la cautelar confirmada por la Corte no abarcó todos los aspectos contemplados en la ley. Quedaron excluidas la recomposición presupuestaria correspondiente a 2024 y 2025 y otras partidas destinadas a programas de asistencia y fortalecimiento institucional.

Al confirmar la medida cautelar, la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal sostuvo que el Estado no logró desvirtuar la verosimilitud del derecho invocado por las universidades. También remarcó que el Congreso había insistido en la sanción de la ley y cuestionó que el Ejecutivo pretendiera impedir su aplicación mediante un decreto de jerarquía inferior.

Además, el tribunal advirtió que el incumplimiento de la norma podría provocar un deterioro salarial con consecuencias sobre el derecho a enseñar y aprender, y consideró que el ahorro fiscal derivado de no aplicar la ley no representaba un impacto significativo sobre el presupuesto nacional.

Fuente: InfoBae