Mientras los datos oficiales muestran una marcada reducción de la pobreza en Argentina durante los últimos dos años, un estudio elaborado por investigadores del Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales (CEDLAS) de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) advierte que la magnitud de esa mejora podría estar sobreestimada por cuestiones metodológicas.

Según las cifras publicadas por el INDEC, la pobreza pasó de superar el 50% durante el primer semestre de 2024 a ubicarse cerca del 30% un año después. Sin embargo, el trabajo realizado por los economistas Iván Albina, Leonardo Gasparini y Leopoldo Tornarolli sostiene que parte de esa variación podría responder a la forma en que se calcula el indicador y no exclusivamente a mejoras reales en las condiciones de vida.

Los investigadores analizaron tres aspectos centrales de la metodología utilizada para medir la pobreza por ingresos: el desfase temporal entre los ingresos relevados y los precios de la canasta básica, las variaciones en el subreporte de ingresos por parte de los encuestados y la utilización de patrones de consumo desactualizados para determinar el valor de la línea de pobreza.

El estudio parte de una observación concreta: las fuertes oscilaciones registradas por la pobreza entre 2023 y 2025 resultan difíciles de explicar únicamente a partir de cambios económicos. En ese período no se verificaron incrementos significativos del empleo, los salarios o el gasto social que justificaran una reducción tan pronunciada del indicador.

Uno de los principales hallazgos está vinculado al efecto de la inflación sobre la medición. En la práctica, los ingresos declarados en las encuestas suelen corresponder al mes anterior, mientras que la canasta básica se calcula con precios más recientes. En contextos de alta inflación, esta diferencia temporal puede generar una sobreestimación de la pobreza.

Los autores también analizaron el fenómeno del subreporte de ingresos. Según explican, durante períodos de elevada inflación las personas tienden a declarar con menor precisión sus ingresos, mientras que cuando la inflación se desacelera esa brecha disminuye. Esto puede generar mejoras estadísticas que no necesariamente reflejan cambios equivalentes en la realidad económica de los hogares.

El tercer factor estudiado es la composición de la canasta básica utilizada para determinar la línea de pobreza. Los investigadores sostienen que los patrones de consumo vigentes se basan en información de hace casi dos décadas y no reflejan adecuadamente el peso que hoy tienen gastos como servicios públicos, transporte o alquileres.

Al combinar las correcciones sobre estas tres dimensiones, el estudio concluye que la reducción de la pobreza entre 2023 y 2025 sería significativamente menor a la informada por las estadísticas oficiales. Mientras los datos del INDEC muestran una caída superior a los 10 puntos porcentuales, los autores estiman que la baja podría reducirse a apenas 1,7 puntos.

El trabajo no cuestiona la validez de los datos publicados por el organismo estadístico, sino que pone el foco en las limitaciones metodológicas que pueden adquirir una relevancia especial en contextos de alta volatilidad inflacionaria.

La discusión sobre cómo medir la pobreza también fue abordada por la socióloga María Eugenia Rausky, docente de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la UNLP. La especialista señaló que toda medición implica definiciones conceptuales y decisiones metodológicas que influyen en los resultados obtenidos.

Además, remarcó que la pobreza no puede analizarse únicamente a partir de los ingresos de los hogares. Desde una perspectiva multidimensional, sostuvo que es necesario incorporar variables vinculadas al acceso a servicios, la alimentación, el cuidado, la vivienda y otras condiciones que forman parte de la vida cotidiana.

En esa línea, Rausky destacó la importancia de complementar los estudios estadísticos con investigaciones cualitativas que permitan comprender cómo las personas experimentan y enfrentan situaciones de pobreza. Según explicó, este tipo de abordajes contribuye a evitar simplificaciones y a cuestionar interpretaciones que atribuyen la pobreza exclusivamente a decisiones individuales, sin considerar los factores estructurales relacionados con la distribución de la riqueza y las oportunidades.

Para los especialistas, el debate sobre la medición de la pobreza trasciende la discusión técnica. Se trata de una herramienta central para evaluar políticas públicas, diseñar programas sociales y comprender con mayor precisión la evolución de las condiciones de vida de la población.