La Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN) realizó un nuevo Plenario de Secretarios y Secretarias Generales, con la participación de sus gremios de base de todo el país, en el que se analizó la continuidad del plan de lucha y el desarrollo de las dos semanas de visibilización del conflicto universitario. En ese marco, el Plenario resolvió realizar 48 horas de protesta los días miércoles 3 y jueves 4 de junio, con paros, movilizaciones, clases públicas y distintas actividades de visibilización en las universidades públicas de todo el país.

La medida se enmarca en el reclamo por la urgente convocatoria a paritarias, el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario y la recomposición de los salarios docentes, que acumulan una fuerte pérdida de poder adquisitivo desde la asunción del Gobierno de Javier Milei. Según el último Informe de Situación del Sistema Universitario, elaborado por FEDUN junto al CIICTI, los salarios de las y los trabajadores de las universidades nacionales llevan 18 meses consecutivos de caída real y necesitan una recomposición del 52,1% para recuperar el poder adquisitivo perdido desde noviembre de 2023. Al respecto, el secretario general de la FEDUN, Daniel Ricci, sostuvo: “El Gobierno tiene que convocar de manera urgente a paritarias para cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario y discutir cómo recomponemos el salario que perdimos desde que Milei es presidente. No se puede sostener una universidad pública con salarios pulverizados y no hay democracia sin cumplimiento de las leyes”.

Asimismo, la FEDUN resolvió participar de las distintas movilizaciones y acciones que se realicen a lo largo del país el miércoles 3 de junio bajo la consigna Ni Una Menos, reafirmando el compromiso de la Federación con la defensa de los derechos de las mujeres y diversidades, y contra todas las formas de violencia. Por último, desde la Federación ratificaron la importancia de continuar luchando en unidad junto a todos los sectores afectados por las políticas de ajuste del Gobierno nacional: trabajadores y trabajadoras que pierden su empleo, compañeros y compañeras de los movimientos sociales, jubilados y jubiladas, personal de salud, personas con discapacidad y todos aquellos que ven vulnerados sus derechos.