Representantes del Gobierno nacional y de las universidades públicas mantendrán esta semana una serie de reuniones con el objetivo de acercar posiciones en torno al financiamiento del sistema universitario. El diálogo se desarrollará mientras continúa la espera por una definición de la Corte Suprema sobre la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, cuya resolución no tiene plazos establecidos y podría demorarse varios meses.

El encargado de representar al Ejecutivo será el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, funcionario que depende del Ministerio de Capital Humano conducido por Sandra Pettovello. Del otro lado de la mesa estarán las autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), organismo que reúne a las universidades públicas de todo el país.

Aunque ambas partes coinciden en la necesidad de alcanzar un entendimiento, las diferencias continúan siendo profundas. Desde las universidades sostienen que el Gobierno no cumple con la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso y respaldada posteriormente por la Justicia en dos instancias, mientras que el Ejecutivo mantiene una propuesta económica que las casas de estudio consideran insuficiente.

Voceros del sector universitario adelantaron que están dispuestos a analizar cualquier iniciativa que implique una recomposición real de los recursos y el cumplimiento efectivo de la normativa vigente. Sin embargo, remarcaron que las últimas propuestas oficiales no constituyen una base válida para iniciar una negociación.

Desde el CIN aclararon además que las conversaciones con el Gobierno no modificarán la estrategia judicial impulsada para exigir la aplicación de la ley. En ese sentido, recordaron que la decisión final de la Corte Suprema podría tardar semanas, meses o incluso años.

Un conflicto marcado por el ajuste presupuestario

Las universidades denuncian que desde fines de 2023 el presupuesto destinado al sector sufrió una reducción cercana al 35% en términos reales. De acuerdo con las estimaciones del sistema universitario, si se mantiene la actual asignación de recursos y se proyecta la inflación prevista para el resto del año, la caída superará el 40%.

La situación también impacta en los salarios docentes y no docentes, que representan la mayor parte del gasto universitario. Según los cálculos de las instituciones, la pérdida del poder adquisitivo alcanzaría el 43%, mientras que los gastos de funcionamiento registrarían una reducción cercana al 57%.

A este escenario se suman recortes en partidas destinadas al mantenimiento y la infraestructura. Las universidades señalan que decenas de obras quedaron paralizadas en todo el país tras el cambio de gestión y que persisten dificultades para sostener el funcionamiento de hospitales universitarios, considerados fundamentales tanto para la formación profesional como para la atención sanitaria de miles de personas.

Según los rectores, el presupuesto asignado para 2026 asciende a 4,8 billones de pesos, aunque estiman que se necesitan al menos 7,3 billones para garantizar un funcionamiento normal del sistema.

La disputa por la Ley de Financiamiento

La Ley de Financiamiento Universitario fue sancionada por el Congreso en agosto de 2025 con amplio respaldo legislativo. La norma establece la recuperación del poder adquisitivo perdido desde noviembre de 2023 y fija que las futuras negociaciones salariales tengan como referencia mínima la evolución de la inflación.

Tras su aprobación, el presidente Javier Milei vetó la iniciativa. Sin embargo, el Congreso rechazó ese veto y ratificó la vigencia de la ley. Pese a ello, las universidades sostienen que el Ejecutivo continúa sin cumplir sus disposiciones.

La Justicia ya se expidió en dos oportunidades a favor de las casas de estudio, aunque la controversia llegará ahora a la Corte Suprema, que deberá definir en última instancia la aplicación de la norma.

Mientras tanto, el Gobierno mantiene su propuesta de una recomposición del 12% en tres tramos, oferta que las universidades consideran insuficiente para revertir el deterioro presupuestario acumulado.

Con el conflicto aún sin resolución y una definición judicial que podría extenderse en el tiempo, el encuentro de esta semana aparece como una instancia clave para intentar reducir la distancia entre las posiciones del Gobierno y el sistema universitario.