Por: Hernán Hamra

El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, se convirtió en las últimas semanas en una de las voces más agresivas del Gobierno frente al conflicto universitario. No sólo por el contenido de sus declaraciones, sino por el tono elegido para dirigirse a rectores, docentes, estudiantes y trabajadores del sistema público. En lugar de construir puentes en medio de una crisis inédita de financiamiento, Álvarez optó por una lógica de confrontación permanente como desacreditar las marchas, reducir el reclamo a una maniobra opositora y responder con provocaciones incluso, frente a reclamos salariales y presupuestarios avalados por la Justicia.

Durante el debate en el programa A Dos Voces con el presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Franco Bartolacci, Álvarez dejó en evidencia esa dinámica. Mientras Bartolacci insistía en datos sobre pérdida salarial, caída presupuestaria y funcionamiento crítico de universidades y hospitales universitarios, Álvarez eligió una estrategia discursiva centrada en la deslegitimación política del reclamo. El funcionario habló de “politización”, relativizó la masividad de la Marcha Federal Universitaria y volvió a repetir una frase que sintetiza el posicionamiento oficial: “la ley de financiamiento nació muerta”.

No es una frase menor. Implica desconocer una ley votada por el Congreso, defendida por universidades de todo el país y ratificada judicialmente en distintas instancias. Pero, además, la expresión está cargada de un desprecio deliberado hacia el conflicto: miles de docentes con salarios deteriorados, investigadores emigrando del sistema científico, estudiantes perdiendo becas y universidades sosteniéndose con presupuestos congelados reciben como respuesta que la norma “nació muerta” porque afecta el “equilibrio fiscal”.

La violencia política no siempre se expresa mediante insultos explícitos. También aparece cuando un funcionario deshumaniza el conflicto y trata de reducir una protesta social histórica a una operación partidaria. Álvarez sostuvo que “pueden reunirse cien mil, un millón o cinco millones de personas” pero “la restricción presupuestaria sigue estando ahí”. La frase tiene un componente profundamente autoritario ya que, las movilizaciones sociales, aun masivas, son presentadas como irrelevantes frente a una decisión económica tomada previamente. Así, la política deja de ser discusión democrática y pasa a ser una mera administración técnica del ajuste.

El funcionario incluso llegó a afirmar que la protesta universitaria “está construida emocionalmente sobre una mentira”. Decir eso en un contexto donde los salarios docentes perdieron más de un 30% de poder adquisitivo y donde las universidades denuncian un deterioro presupuestario superior al 45% no es solamente una provocación: es negar una realidad verificable.

El tono de Álvarez también escaló en otras intervenciones públicas. En medio de la crisis de los hospitales universitarios acusó a la UBA de “usar el miedo de la gente” para “extorsionar” al Gobierno. Otra vez aparece la misma lógica: quienes reclaman son caracterizados como manipuladores o actores políticos deshonestos, nunca como representantes de una comunidad educativa atravesada por una emergencia presupuestaria real.

Esa construcción discursiva no es casual. Forma parte de una estrategia oficial para justificar por qué el Gobierno decidió no aplicar la Ley de Financiamiento Universitario. El argumento central del Ejecutivo es que la norma viola el principio de equilibrio fiscal porque no establece claramente de dónde saldrán los recursos para financiarla. Álvarez repite que la ley “no previó las partidas” y que, según las normas de administración financiera, una ley sin financiamiento específico debe quedar suspendida.

Sin embargo, el problema es más político que técnico. El Gobierno eligió convertir el superávit fiscal en un principio absoluto, incluso por encima de una ley aprobada por el Congreso y de fallos judiciales que ordenan actualizar fondos universitarios y salarios. Para la administración de Javier Milei, cualquier aumento del gasto público es presentado como una amenaza al programa económico, aun cuando implique desfinanciar universidades, hospitales y ciencia.

Ahí aparece otra dimensión de la violencia. Porque el discurso oficial no se limita a rechazar recursos, sino a construir enemigos. Los rectores son acusados de “hacer política”, las marchas son reducidas a maniobras opositoras y los reclamos sociales son tratados como intentos de “destruir el equilibrio fiscal”. En ese esquema, el adversario deja de ser alguien con quien discutir prioridades presupuestarias y pasa a ser un obstáculo ideológico que debe ser desacreditado públicamente.

El problema para el Gobierno es que la realidad universitaria ya excede la disputa discursiva. La situación de los hospitales universitarios, el deterioro salarial y la falta de actualización presupuestaria empezaron a producir consecuencias concretas como servicios paralizados, docentes renunciando y áreas académicas funcionando al límite. Frente a eso, el lenguaje confrontativo de Álvarez no sólo resulta agresivo; también revela la incapacidad oficial para ofrecer una salida política al conflicto.

En el debate con Bartolacci quedó claro algo más profundo: mientras el sistema universitario reclama diálogo y cumplimiento de una ley votada democráticamente, el Gobierno responde con una lógica de disciplinamiento. Y Alejandro Álvarez se transformó, quizá como ningún otro funcionario del área educativa, en la cara más violenta de esa estrategia.