En el marco de la cuarta Marcha Federal Universitaria, las universidades públicas, junto a organizaciones estudiantiles, gremiales y científicas, difundieron un documento en el que denunciaron el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y advirtieron sobre la profundización de la crisis presupuestaria y salarial que atraviesa el sistema educativo superior.

Bajo la consigna “203 días sin aplicar la ley. Por la universidad pública y en defensa de la democracia”, las entidades remarcaron que el sistema universitario argentino es el resultado de una “larga lucha colectiva” que permitió consolidar una educación pública, gratuita y de calidad, además de un sistema de investigación y desarrollo considerado estratégico para el país.

El texto sostuvo que las universidades públicas históricamente funcionaron como “caja de resonancia” de las demandas sociales y señalaron que actualmente la comunidad universitaria también acompaña reclamos vinculados a la discapacidad, las jubilaciones, la salud pública, la industria nacional y los derechos sociales.

En relación con la situación presupuestaria, las organizaciones denunciaron que el Gobierno nacional incumple la Ley de Financiamiento Universitario y señalaron que las transferencias a las universidades nacionales registraron una caída real acumulada del 45,6 % entre 2023 y 2026.

Además, remarcaron que la política salarial produjo un fuerte deterioro del poder adquisitivo de docentes y nodocentes. Según detallaron, entre diciembre de 2023 y marzo de 2026 la inflación acumulada fue del 293,30 %, mientras que los salarios crecieron un 147,30 %, lo que implicó una pérdida salarial del 37,13 %.

El documento también alertó sobre las consecuencias del ajuste en las becas estudiantiles. En ese sentido, indicaron que programas como las Becas Progresar y las Becas Manuel Belgrano permanecen congelados frente a la inflación, mientras que las Becas de Estímulo a las Vocaciones Científicas (EVC) continúan suspendidas.

Las organizaciones universitarias sostuvieron que el deterioro presupuestario afecta tanto el funcionamiento cotidiano de las instituciones como las condiciones de permanencia de estudiantes y trabajadores, además de impactar en las obras sociales universitarias y el sistema científico nacional.

Por otra parte, el texto incluyó críticas institucionales al Poder Ejecutivo nacional por no aplicar la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso y respaldada judicialmente. En ese marco, señalaron que el incumplimiento de la norma representa una “ruptura del acuerdo democrático” y reclamaron la intervención de la Corte Suprema de Justicia.

Finalmente, las entidades convocantes reafirmaron la defensa de la universidad pública, gratuita y federal, y remarcaron que el sistema universitario constituye una herramienta de movilidad social, producción científica y desarrollo económico. “La universidad pública se defiende”, concluyeron.

El documento fue firmado por el Frente Sindical de Universidades Nacionales, la Federación Universitaria Argentina y el Consejo Interuniversitario Nacional.