Mientras universidades, docentes, estudiantes e investigadores se preparan para participar este martes de una nueva Marcha Federal Universitaria en todo el país, el Gobierno nacional oficializó nuevos recortes presupuestarios en áreas vinculadas a la educación, la ciencia y la tecnología. La medida generó fuertes cuestionamientos desde distintos sectores académicos, que interpretan la decisión como una profundización del ajuste sobre el sistema público.

Entre las reducciones más significativas aparecen recortes en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), con una disminución cercana a los 3 mil millones de pesos, y en obras de infraestructura destinadas a universidades nacionales, con una baja estimada en 5 mil millones de pesos. Según especialistas y autoridades universitarias, la medida impactará directamente en el funcionamiento cotidiano de las instituciones.

Jorge Aliaga, físico y secretario de Planeamiento de la Universidad Nacional de Hurlingham (UNAHUR), explicó que la decisión responde a la caída en la recaudación y al objetivo del Ejecutivo de sostener el déficit cero. “Lo que apareció en el Boletín Oficial implica modificaciones presupuestarias que incrementan partidas para Anses y deuda externa, pero aplican fuertes recortes en salud, educación, ciencia, obra pública y vialidad”, señaló.

Desde la organización de la cuarta Marcha Federal Universitaria anticiparon una convocatoria masiva en reclamo de la Ley de Financiamiento Universitario y de mayores recursos para las casas de estudio. El conflicto entre el Gobierno y el sistema universitario se intensificó durante los últimos meses por la pérdida salarial, la reducción de fondos de funcionamiento y la paralización de obras.

Rodrigo Quiroga, bioinformático del Conicet y de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), sostuvo que las medidas “se sienten como una provocación” y advirtió sobre un “plan de desgaste” hacia el sistema científico y universitario. Según afirmó, continúan registrándose renuncias de investigadores y docentes debido a la situación presupuestaria.

Por su parte, Roberto Salvarezza, presidente de la Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia de Buenos Aires y exministro de Ciencia, aseguró que el ajuste representa “una reducción de casi el 50 por ciento en términos reales respecto de 2023” para el área científica y tecnológica.

Recortes en universidades y organismos científicos

En el área educativa, Aliaga detalló que la Secretaría de Educación sufrió un recorte de 78 mil millones de pesos. También señaló una fuerte reducción en obras de infraestructura universitaria financiadas con apoyo de la Corporación Andina de Fomento (CAF).

Las universidades afectadas por la suspensión o reducción de transferencias incluyen a la Universidad Nacional de Entre Ríos, Universidad Nacional de San Martín, Universidad Nacional de La Plata, Universidad Nacional del Litoral, Universidad Nacional de Lomas de Zamora, Universidad Nacional del Nordeste, Universidad Nacional de Río Cuarto, Universidad Nacional de Villa María, Universidad Nacional de las Artes, Universidad Nacional de Avellaneda, Universidad Nacional José C. Paz y Universidad de Rafaela.

Además de los ajustes en universidades, el recorte alcanza a distintos organismos del sistema científico y tecnológico. Entre ellos figuran el Conicet, la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae), la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), el INTA, el INTI, el Instituto Malbrán, el Instituto Antártico Argentino y el Segemar.

En el caso del Conicet, las reducciones afectarían áreas vinculadas a becas de investigación, equipamiento y tareas de divulgación científica. Según un informe elaborado por el Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación (Ciicti) y la Federación de Docentes de las Universidades, los salarios universitarios acumulan una caída real del 33,7 por ciento en los últimos 29 meses.

Presentación ante Naciones Unidas

En medio del conflicto, el rector de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN), Anselmo Torres, presentó una denuncia ante la relatora especial de Naciones Unidas sobre el Derecho a la Educación, Farida Shaheed. En el documento se advierte sobre una situación de “extrema gravedad institucional, social y humanitaria” y se sostiene que el ajuste compromete el derecho a la educación superior en Argentina.

La nueva movilización universitaria se realizará este martes en distintos puntos del país y buscará visibilizar el reclamo por mayores recursos para universidades, ciencia y tecnología. Desde el sector aseguran que el descontento continúa creciendo frente al impacto de las políticas de ajuste impulsadas por el Gobierno nacional.