El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) respondió formalmente al Subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, tras un requerimiento oficial que exigía, en un plazo de 48 horas, un informe sobre las medidas adoptadas para garantizar la continuidad pedagógica en el sistema universitario público.

En la nota, las autoridades del CIN aseguraron que las universidades nacionales “permanecen abiertas, en funcionamiento y plenamente comprometidas con su misión institucional”, garantizando actividades académicas, administrativas, científicas y de extensión, pese a las limitaciones presupuestarias actuales.

Sin embargo, el eje central de la respuesta estuvo puesto en el señalamiento de un “flagrante incumplimiento” de la Ley de Financiamiento Universitario por parte del Poder Ejecutivo Nacional. Según expresaron, esta situación no constituye un mero desacuerdo administrativo, sino que implica una alteración del principio de división de poderes, al desconocer una norma aprobada con amplio consenso parlamentario.

Desde el organismo que nuclea a las universidades públicas sostuvieron que el actual escenario de conflicto no puede ser atribuido a las instituciones, sino que responde, en lo sustancial, a la falta de cumplimiento de las obligaciones legales del Estado en materia presupuestaria. En ese marco, advirtieron que las restricciones financieras impactan de manera directa en las condiciones materiales necesarias para garantizar el derecho constitucional a enseñar y aprender.

El CIN también defendió el principio de autonomía universitaria, junto con la autarquía y el cogobierno, al remarcar que las decisiones sobre calendarios académicos, evaluaciones y modalidades pedagógicas corresponden a los órganos internos de cada institución. Estas definiciones, señalaron, se adoptan en equilibrio con otros derechos, como el derecho a huelga y la libertad académica.

Asimismo, las universidades reafirmaron su compromiso histórico con la educación pública y aseguraron que continuarán implementando todas las medidas posibles para sostener el funcionamiento del sistema. No obstante, subrayaron que ninguna exigencia de normalidad puede desvincularse de la responsabilidad indelegable del Estado nacional de garantizar el financiamiento establecido por ley.

En el tramo final del documento, el CIN ratificó su disposición al diálogo institucional y al respeto de la Constitución Nacional, pero insistió en que la defensa de la educación pública requiere el cumplimiento efectivo de las obligaciones legales por parte del Poder Ejecutivo.

“La universidades nacionales no son la causa de esta crisis”, concluye la nota, “sino que sostienen su funcionamiento en un contexto de extrema precariedad derivado del incumplimiento presupuestario estatal”.