El gobierno de Javier Milei decidió escalar el conflicto con el sistema universitario al presentar un recurso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina con el objetivo de evitar la transferencia de $2,5 billones destinados a recomponer salarios y presupuesto.

El plazo legal para realizar ese giro vencía el viernes pasado, en cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario sancionada en octubre de 2025. Sin embargo, el Ejecutivo optó por judicializar la disputa y postergar el envío de los fondos, en un escenario de creciente tensión con rectores, docentes, estudiantes y trabajadores nodocentes.

La norma, que había sido aprobada por el Congreso y luego ratificada tras el veto presidencial, obliga al Estado a actualizar los salarios del sector y reforzar las partidas presupuestarias de las universidades nacionales. Pese a ello, el Gobierno cuestionó su constitucionalidad bajo el argumento de que no establece las fuentes de financiamiento necesarias.

Movilización en puerta y deterioro salarial

Frente a este escenario, rectores, gremios y organizaciones estudiantiles nucleadas en el Frente Sindical de Universidades anunciaron la convocatoria a una movilización masiva en mayo, con el objetivo de visibilizar el reclamo por salarios y presupuesto.

El malestar se explica, en gran parte, por el deterioro sostenido del poder adquisitivo. Durante 2025, los salarios de docentes y nodocentes quedaron 35 puntos por debajo de la inflación, mientras que en 2024 la caída fue aún más pronunciada, en un contexto de inflación del 118% sin recomposición salarial.

En términos acumulados, la pérdida asciende a 141 puntos frente a la inflación en los últimos dos años, lo que equivale —según estimaciones del sector— a varios meses de trabajo sin remuneración efectiva. La tendencia ya suma 17 meses consecutivos de retroceso salarial.

Ajuste presupuestario y funcionamiento en riesgo

A la caída de los ingresos se suma el recorte en los gastos de funcionamiento de las universidades, que alcanza el 45% en los últimos dos años. Este ajuste impacta directamente en servicios básicos como luz, gas y mantenimiento, poniendo en riesgo el desarrollo normal de las actividades académicas.

Como alternativa, el oficialismo planteó la posibilidad de impulsar una nueva ley de financiamiento, aunque la propuesta apenas cubriría una parte menor de la pérdida registrada en 2025 y no contemplaría la situación del año anterior. Además, aún no cuenta con respaldo asegurado en el Congreso.

Desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) advirtieron que las transferencias a las universidades públicas cayeron más de un 45% desde 2023, profundizando la crisis del sector.

La disputa judicial

En este contexto, la Procuración del Tesoro presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema contra el fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal que había ordenado al Gobierno cumplir de manera inmediata con la ley.

La presentación se realizó poco antes del vencimiento del plazo para transferir los fondos, en una estrategia orientada a frenar el pago hasta que se expida el máximo tribunal. El Ejecutivo sostiene que la normativa es inconstitucional, un argumento que ya había sido rechazado por instancias judiciales previas.

El fallo original, dictado por el juez Martín Cormick y ratificado por la Cámara, estableció la obligación de aplicar de forma inmediata la Ley 27.795, incluyendo la actualización salarial y de becas.

Un conflicto abierto

Mientras se aguarda la decisión de la Corte, el conflicto permanece abierto y con impacto directo en las aulas. Desde la comunidad universitaria insisten en la necesidad de una recomposición urgente de salarios y recursos, y advierten que la continuidad de las actividades académicas está en riesgo.

En paralelo, la convocatoria a una movilización nacional anticipa una nueva etapa de confrontación entre el Gobierno y el sistema universitario, en un escenario atravesado por la crisis económica y el ajuste presupuestario.