La Secretaría de Educación, dependiente del Ministerio de Capital Humano, aprobó mediante resolución una reforma clave en el Sistema Argentino de Créditos Académicos Universitarios (SACAU), que impulsa una transformación en los planes de estudio de carreras de pregrado y grado en todo el país. A partir de ahora, se implementará el Crédito de Referencia del Estudiante (CRE), una nueva unidad de medida académica que prioriza el tiempo real de dedicación de los estudiantes.

Esta reforma, aprobada por unanimidad en el Consejo de Universidades mediante el Acuerdo Plenario Nº 274, modifica la lógica tradicional basada en horas de docencia para incluir también el trabajo autónomo del estudiante: estudio personal, preparación de exámenes, elaboración de trabajos y resolución de actividades. Cada crédito académico representará entre 25 y 30 horas totales de dedicación.

El nuevo enfoque permitirá a las universidades diseñar planes de estudio más flexibles, interdisciplinarios y adaptados a diversas estrategias pedagógicas, tecnologías y modalidades de cursada. Se establece un promedio de 60 créditos por año académico, lo que busca mejorar la coherencia entre la duración teórica y real de las carreras, incluso facilitando una eventual reducción en los tiempos de graduación.

Además de optimizar la organización interna de las trayectorias académicas, el sistema fomentará la movilidad estudiantil y el reconocimiento de saberes entre instituciones. También facilitará la integración internacional de la educación superior argentina, al alinearse con modelos de créditos ya consolidados en otros países.

La implementación del CRE representa un cambio cultural en la educación universitaria: desplaza el foco desde la rigidez estructural hacia la libertad pedagógica, promoviendo la innovación docente y un rol más activo del estudiante en su propio proceso formativo.

La adopción del nuevo sistema será obligatoria para todas las carreras que soliciten reconocimiento oficial y validez nacional a partir del 1° de enero de 2027, con la posibilidad de una prórroga de hasta dos años. Las instituciones también podrán optar por incorporarlo en planes ya vigentes, previa notificación a la Dirección Nacional de Gestión Universitaria. La Subsecretaría de Políticas Universitarias será la autoridad encargada de interpretar y aplicar la normativa, y acompañará el proceso de transición junto al Consejo de Universidades.