Con atrasos en los salarios y una marcada incertidumbre sobre el financiamiento proyectado desde la Casa Rosada, 2025 se perfila como otro año de lucha para las universidades públicas. Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias, se consolida como el principal interlocutor en un contexto de tensiones crecientes.

El movimiento estudiantil logró hacer tambalear al gobierno en su primer año, con una masiva marcha en abril que reunió a más de un millón de personas y arrancó la promesa presidencial de no arancelar la educación superior. Sin embargo, la distribución de fondos generó discordias: mientras que la Universidad de Buenos Aires (UBA) recibió un aumento presupuestario del 270%, otras instituciones del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) quedaron relegadas.

El conflicto salarial, agravado por una caída del 40% en términos reales, desembocó en una segunda movilización en octubre. La Casa Rosada respondió con un aumento insuficiente del 5,8% y ajustes a la Garantía Salarial Docente, que permaneció congelada durante todo el año.

Tensiones internas y desafíos políticos

La movilización de octubre tuvo su eco en un debate televisivo entre el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, y el subsecretario Álvarez, lo que generó malestar entre las autoridades universitarias, disconformes con la representación del sector en esa discusión.

De cara a 2025, las universidades reclaman un presupuesto de $7,2 billones, pero el proyecto oficial apenas contempla $3,8 billones, una diferencia que augura nuevos choques. Las autoridades planean retomar el diálogo con Álvarez y evalúan impulsar una ley de financiamiento universitario mediante una consulta popular.

Mientras tanto, el Frente Sindical de Universidades Nacionales reúne a gremios, rectoras y federaciones estudiantiles con el objetivo de mantener abiertas las instituciones y lograr una recomposición salarial para trabajadores y trabajadoras del sector.