El Gobierno prepara un decreto que modificará el mecanismo de control de gastos y contabilidad en las universidades públicas. La medida, elaborada por los equipos técnicos del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y del secretario de Educación, Carlos Torrendel, sería publicada en las próximas horas en el Boletín Oficial.

El decreto establecerá que las universidades deberán realizar sus compras y contrataciones a través de los portales “Comprar” y “Contratar”, sistemas que forman parte de la Oficina Nacional de Contrataciones, bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete encabezada por Guillermo Francos y su vice, José Rolandi. Este mecanismo es el mismo que utiliza el Estado para licitaciones, contratos de locación y adquisición de materiales.

Además, la Casa Rosada ordenará que las universidades abandonen el Sistema de Información Universitaria (SIU-Pilagá) y adopten el Sistema Integrado de Información Financiera Internet (e-SIDIF) para la gestión presupuestaria y la ejecución de gastos. En este cambio también trabajó el equipo del subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez.

Desde la Universidad de Buenos Aires (UBA) rechazan la medida, argumentando que, al ser una entidad autárquica, no está obligada a acatar disposiciones del Poder Ejecutivo. “Cumpliremos con todo lo que involucre la Constitución Nacional y las leyes, pero no podemos aceptar modificaciones en la forma de ejecución del gasto que no respeten nuestro marco legal”, sostienen.

Las autoridades de la UBA no descartan judicializar la disposición, señalando que las contrataciones entre organismos del Estado abarcan “un plano más amplio” y que la universidad no está en contra de las licitaciones, sino de la imposición centralizada.

Por su parte, el Gobierno espera que la medida termine en la Justicia, aunque asegura que fue revisada en varias instancias. En Balcarce 50 apuntan contra la UBA y afirman que “no presentaron ninguno de los documentos para ser auditados”.

La controversia se intensificó luego de que el Juzgado Contencioso Administrativo Federal 3, a cargo del juez Santiago Carrillo, rechazara ayer la intervención de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) en auditorías a la UBA. Frente a este revés, el Ejecutivo insiste en que las universidades deben “cumplir los mismos estándares que la administración pública” en sus procesos de compras y contrataciones.