Opinión | 12 ago 2024
Universidad Di Tella
Cómo salir del laberinto educativo
Claudia Romero, profesora de las Especializaciones y Maestrías del Área de Educación de la Escuela de Gobierno de la Universidad Di Tella, presentó algunas propuestas para asegurar la calidad educativa en la Argentina.
Los laberintos son espacios reales o míticos que implican transitar entre encrucijadas. El desafío está en encontrar la salida y el horror es quedar atrapados sin encontrarla. Hay también laberintos del tiempo que definen una circularidad de movimientos que conducen al eterno retorno de lo mismo. Cada paso es el pasado que vuelve y el futuro, un espejismo.
Quizás porque la épica fundacional es habitual en las gestiones políticas recién llegadas o porque el país está “desfondado”, o por ambas cuestiones a la vez, abundan los gestos políticos de fundar sobre lo ya fundado, acordar sobre lo acordado, con la ilusión de un nuevo comienzo.
El refundacional Pacto de Mayo, presentado por el gobierno nacional y acompañado por gran parte de los gobernadores, acuerda en su punto 4 lograr “Una educación inicial, primaria y secundaria útil y moderna, con alfabetización plena y sin abandono escolar”.
Educación común y obligatoria para la alfabetización de la población fue la agenda educativa del siglo XIX en la Argentina, con la emblemática Ley 1420 que acaba de cumplir 140 años y que desató la extraordinaria gesta sarmientina.
La Ley Nacional de Educación de 2006, que retoma aquella y es un acuerdo mucho más amplio y ambicioso está vigente hace 18 años. ¿es necesario volver a acordar sobre lo acordado? ¿es declamando los acuerdos del siglo XIX y XX que se sale del laberinto del fracaso educativo actual? O ¿será más bien removiendo las causas que llevan a su incumplimiento?
Es hora de ingresar en nuevos debates que permitan cumplir lo que la ley ya establece, avanzar actualizando marcos normativos y producir políticas inteligentes. Son acuerdos nuevos los que se requieren, menos declamatorios y más conducentes a la acción.
La primera versión de la Ley Bases enviada en febrero por el Poder Ejecutivo al Congreso, en sus más de 600 artículos, incluía la declaración de la educación como un servicio esencial. Eso implicaba abrir una nueva discusión para poner ciertos límites a la práctica extendida de cierre de escuelas por diversas razones, entre ellas los paros docentes. Ese capítulo educativo voló por el aire en las primeras negociaciones en el Congreso y nunca se hicieron públicos los términos de esas negociaciones. Como resultado la Ley Bases, en su versión final, omite por completo el capítulo educativo.
La Comisión de Educación de Diputados repuso el tema y desde hace pocos días tiene dictamen el proyecto de ley de “Educación como servicio estratégico esencial” que está listo para ser aprobado en una sesión de la Cámara.
En su art. 3 establece que: “El Estado nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán garantizar el ejercicio del derecho a la educación en todo el ciclo lectivo escolar durante días de clases afectados por medidas de acción directa, indirecta, paro o huelga docente y no docente que se susciten durante el ciclo lectivo escolar y que afecte al normal desarrollo de la actividad curricular.”
Esto implica que las escuelas deberán permanecer abiertas todos los días en todo su horario completo, al igual que sus comedores, garantizando una guardia mínima de entre 30% y 50% de docentes en caso de huelgas y que los días perdidos por otras eventualidades deberán ser recuperados. ¿Será aprobado este proyecto? ¿será mejorado en el debate? ¿estará el Congreso a la altura de lo que está en juego o se repetirá la irresponsable negociación como ocurrió en la Ley Bases?
Los efectos negativos del tiempo escolar perdido fueron profusamente estudiados a propósito de la pandemia. Pero antes, investigaciones realizadas en Argentina muestran que las interrupciones producidas por las huelgas docentes tienen efectos a largo plazo en la vida de los individuos que estuvieron expuestos a ellas durante su escolaridad.
Reducción de años de educación futura, de ingresos laborales, menor participación en la fuerza laboral, desempleo, son algunos de esos efectos. De allí que resulte imprescindible reducir el impacto de la conflictividad del sector docente al que están expuestos fundamentalmente los alumnos de las escuelas públicas. Hoy hay muchos que, luego del receso escolar, no han vuelto a sus escuelas por medidas de fuerza.
Garantizar escuelas abiertas todos los días es condición necesaria, aunque no suficiente para asegurar la calidad educativa, desde luego. Pero proteger explícitamente el tiempo escolar es absolutamente necesario en un país que viene de un cierre de escuelas salvaje durante la pandemia y donde se toleran huelgas docentes eternas que avasallan el derecho a la educación.
En simultáneo es imprescindible avanzar en la discusión sobre las condiciones de trabajo docente en Argentina, con uno de los salarios más bajos del mundo, la garantía de ambientes escolares habitables, seguros y accesibles y políticas de evaluación y generación de capacidades que lleven a la mejora de la calidad en cada escuela.
La educación está atrapada en un extenso laberinto, quizás como el país todo, donde la protección del status quo es la pesadilla de permanecer inmóviles, encerrados en antiguas encrucijadas.