lunes 22 de julio de 2024 - Edición Nº2056

Entrevistas | 1 jul 2024

Universidad Nacional de San Martín

Carlos Greco: "Tenemos que garantizar el derecho a la educación superior, que es lo que nos pidió la sociedad"

El rector de la UNSAM conversó con el profesor Jorge Steiman sobre los efectos de la masiva marcha en defensa de la universidad pública, los prejuicios que todavía circulan en los medios y la importancia de la gratuidad de la educación para garantizar la movilidad social ascendente.


El rector de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), Carlos Greco conversó con el profesor Jorge Steiman, director de la Maestría en Educación de la Escuela de Humanidades (EH), en el marco de un ciclo de entrevistas que realiza este posgrado con intelectuales, académicos y artistas. En esta ocasión, la charla estuvo centrada en el presupuesto universitario, las formas de composición de un presupuesto y el impacto de la gratuidad universitaria en la vida diaria de las miles de personas que transitan las aulas.

Además de ser el actual rector de la UNSAM, Greco es profesor de Economía y Financiamiento de la Educación y se desempeña como vicepresidente de la Comisión de Asuntos Económicos del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

Jorge Steiman: Luego de la multitudinaria marcha universitaria, en los diarios aparecían titulares que referían que el gobierno había dado un aumento del 270 por ciento, primero para la UBA y posteriormente para todas las universidades. Entonces, a muchos y muchas de quienes trabajamos en las universidades nos preguntan “¿De qué se quejan ahora si ya les dieron lo que pedían?”. Por eso, para comenzar me gustaría que nos aclares qué significa esa partida de dinero para las universidades.

Nosotros somos una institución pública: nuestra principal fuente de financiamiento es el presupuesto público que se decide cada año a través de una ley del Congreso. Son las autoridades legislativas las que, cada año, prevén —porque el presupuesto es una previsión de ingresos y gastos— qué recursos tendrán las universidades a lo largo del ejercicio fiscal siguiente. El Poder Legislativo tenía en consideración un proyecto de ley, pero no hubo acuerdo político para que ese presupuesto fuera considerado y aprobado por las cámaras. Cuando se da esa situación, técnica y legalmente se produce lo que se llama una prórroga o reconducción del presupuesto del año anterior. Como no hay ley, entonces se prorroga el presupuesto del año anterior. Esa situación, más allá de la cuestión teórica que tiene que ver con que el presupuesto es una expresión de política, supone que el presupuesto que está vigente repite las políticas del año anterior. Uno podría suponer que hay un gobierno nuevo y está repitiendo las políticas del gobierno anterior. Pero en las condiciones macroeconómicas que atraviesa el país, que son condiciones de una alta inflación, esa expresión del presupuesto es poco representativa de la realidad económica.

¿Esto significa que las partidas que se prorrogan son insuficientes para llevar adelante las políticas públicas?

Si alguien quiere llevar adelante una política pública, el primer criterio que tiene que implementar es el de suficiencia. ¿Cuánto hace falta de recursos para, por ejemplo, producir graduados, para producir conocimiento, para producir salud? Cuando se prorroga un presupuesto en contexto de inflación, lo primero que aparece es la insuficiencia. Como consecuencia de la insuficiencia también aparece la discrecionalidad. Cuando tienen que incorporarse nuevas partidas, nuevos ingresos, el gobierno puede disponer libremente de esa partida porque no está prevista en la ley. Entonces, comenzamos el año con un presupuesto prorrogado que se había formulado en septiembre de 2022. Desde ese momento hasta hoy hay casi un trescientos treinta por ciento de inflación. Por este motivo comenzamos el año conversando con la cartera educativa. Yo en ese momento era presidente del CIN y advertimos sobre la necesidad de actualizar las partidas presupuestarias. Y, después de tres meses, en marzo, recibimos una actualización, pero no es un incremento, fue una actualización parcial del 70 por ciento para la partida de gastos de funcionamiento.

¿Cómo funciona esta asignación de partidas presupuestarias?

Cada mes se asignan dos grandes conceptos de gasto: en personal y de funcionamiento. Esas dos partidas pueden o no actualizarse periódicamente. Las de personal (sueldos docentes y no docentes) se actualizan naturalmente como resultado de la necesidad de incrementar los créditos por el impacto de los acuerdos paritarios. Cuando hay aumentos salariales, el ministerio tiene que asignar los créditos incrementales para poder financiarlos. La partida de gasto de funcionamiento puede tener o no incrementos. Lo que nosotros estábamos recibiendo cada mes desde enero hasta marzo de este año era lo que se había formulado en septiembre de 2022, es decir, una partida que cubría solo el veinte o el veinticinco por ciento de nuestros gastos reales. De allí la necesidad de actualizarla. Recibimos en marzo una actualización del setenta por ciento. Luego insistimos y fuimos a la marcha.

¿Qué representó la marcha?

Fue una decisión del sistema universitario en la que, por única vez en la historia, tanto los representantes gremiales como estudiantiles confluyeron en la decisión de ir, y las instituciones a través de sus rectores adhirieron y acompañaron. Más allá de eso, fue una expresión de toda la sociedad en la que se pidió garantizar el derecho a la educación superior. Lo que se reclamó fue la necesidad de actualizar los salarios y los gastos de funcionamiento, de reiniciar las obras paralizadas, de asignar partidas para ciencia y técnica, y actualizar e implementar las becas universitarias. Luego de la marcha hubo una negociación bilateral entre la Secretaría de Educación y la Universidad de Buenos Aires (UBA), en la que se reconoció la necesidad de actualización de las partidas para gastos de funcionamiento en un 270 por ciento. Nosotros valoramos positivamente esa solución porque si para el caso de la UBA el gobierno había reconocido esta necesidad, la misma justificación y el mismo destino tenían que aplicar para el resto del sistema universitario. Así ocurrió, y se formalizó la resolución que da cuenta de la actualización para la partida de gastos de funcionamiento en el orden del 270 por ciento para todo el año. Esto significa que el presupuesto universitario para la partida de gastos que tenemos desde junio en adelante es el que deberíamos haber tenido en enero, pero por lo menos nos da cierta previsibilidad en términos de gastos operativos.

¿Qué involucran estos gastos de funcionamiento?

Lo primero que hay que decir es que las universidades son organizaciones de personas. Su principal capital es el capital intelectual. Son nuestros profesores, nuestros investigadores, nuestros no docentes. Gestionar ese principal recurso con el que contamos es lo más sensible. El foco de nuestro trabajo debe ser preservar, estimular, incentivar y contener a nuestros trabajadores del conocimiento. La dignidad de ese trabajo es lo que hace posible que nuestra institución sea una institución valiosa que produce y transmite conocimiento de calidad. El sentido de gestionar estos recursos es construir valor a partir de ese principal capital que tenemos respecto de la oferta que hacemos de conocimiento. Esto hay que complementarlo con condiciones de infraestructura, de funcionalidad, de desempeño de esas actividades, con el resto de los gastos en todas las dimensiones: servicios, bienes consumibles, mantenimiento, seguridad, limpieza, construcciones, equipamiento, instalaciones. Hoy, con el 270 por ciento de actualización sobre los gastos de funcionamiento (no de salarios) tenemos que garantizar que las puertas estén abiertas, que sigan funcionando los talleres, los laboratorios, las salas, la biblioteca, las luces, el aire acondicionado, apenas con esa partida. Ahí hubo y hay un gran esfuerzo, siempre tratando de que no se deterioren estándares de funcionamiento, que además tenemos comprometidos desde el punto de vista de la calidad de lo que ofrecemos y lo que generamos ante organismos de evaluación.

Hemos tenido períodos inflacionarios en distintos momentos. ¿Por qué se dio ahora esta situación ante un salto tan brusco de la inflación? ¿Cómo ha sido en otros períodos?

En los meses de noviembre y diciembre de 2023 la partida de gastos se multiplicó por dos, es decir que el crédito presupuestario que recibimos para gastos tuvo un incremento del cien por ciento. Eso era un antecedente para poder comenzar el año 2024. Cuando conversamos con este gobierno, con la cartera educativa, hicimos notar esa situación. En otros años siempre fueron llegando acuerdos que se aproximaban a las necesidades que iban apareciendo, complementándose con distintas estrategias. En general, el sistema va acompañando en esa secuencia mensual las adecuaciones presupuestarias. Pero el momento más importante es cuando se decide el presupuesto del año siguiente. Desde la Comisión de Asuntos Económicos del CIN se trabajó con criterios muchas veces dialogados y acordados con la cartera educativa para llegar a un punto de encuentro. Íbamos dialogando para llegar a un presupuesto que entendíamos que era conseguible. Eso este año no ocurrió, fracasó la negociación.

¿Cómo es el diálogo con la actual cartera educativa?

Lo que encontramos como respuesta es que no hay política. Antes conversábamos con un ministro y con un secretario. Ahora con un secretario y un subsecretario. Es muy difícil el diálogo. Solo podemos discutir cuestiones presupuestarias, pero vaciadas de contenido. Eso es grave, porque el presupuesto es la expresión de una política. Nosotros planteamos la necesidad de tener un presupuesto mínimamente actualizado porque tenemos carreras, estudiantes, proyectos de investigación, programas de desarrollo, planes de voluntariado. Es decir, hay un sentido. Ahora eso no se discute. Lo que había eran “prejuicios” respecto al adoctrinamiento que las universidades hacen en sus casas de estudio, y respecto a la falta de auditoría de los fondos que ejecutan las universidades. Eso fue cambiando en estos últimos meses. Esos prejuicios fueron cayendo. Eso del adoctrinamiento fue desmoronándose. Nosotros ya hemos dado muchas muestras respecto de cómo somos auditados, por quién, cómo nos mostramos en nuestros portales, con rendiciones de cuentas, con transparencia.

La narrativa del poder referida a la actividad de adoctrinamiento de las universidades y a la necesidad de auditoría estuvo en la prensa como una especie de latiguillo. ¿Creés que la marcha universitaria acalló la construcción de la universidad como enemigo?

La marcha se transformó en una demanda social, no solo de la comunidad universitaria. Fue histórica en esos términos, tanto por la cantidad de asistentes como por la configuración de quienes participaron. Fue una marcha mayormente apartidaria, plural y federal. Eso nunca antes había ocurrido. Y quienes participaron de la marcha se expresaron desde el punto de vista de la aspiración a sostener un derecho, más que desde la aspiración a reclamar por un crédito presupuestario, por una demanda salarial o por un gasto de funcionamiento. Fue el reclamo por sostener el derecho a la educación superior. Para nosotros eso es un gran compromiso, una gran obligación que tenemos de cara a la sociedad. Ahí el gobierno estuvo atento, por lo menos en reaccionar al reclamo por la actualización de gastos. Está ahora en agenda tener que solucionar el problema salarial, y el resto de los temas.

¿Cómo encaran las universidades las conversaciones con el gobierno?

Hemos acordado ocuparnos y dedicarnos a profundizar nuestro trabajo. Lo dijimos en estos términos. Nosotros somos la solución, no somos un problema. Somos parte de la posibilidad de que este país solucione su crisis, porque tenemos para ofrecer lo que sabemos, conocimiento. Estamos tratando de reconducir esa relación. Estamos evitando los prejuicios, estamos propiciando ir a un escenario de trabajar por las cuestiones positivas y no por las negativas. Este proceso de reconfiguración para nosotros es vital porque tiene que ver con el futuro, no con el pasado y ni siquiera con el presente. Hablamos de cómo asignamos de la mejor manera posible recursos públicos que son realmente escasos, en condiciones en las que la pobreza es del 55 por ciento y la indigencia es del 17 por ciento. No podemos desentendernos de esa realidad, y no lo hacemos. Estamos acompañando la situación, pero tenemos que seguir funcionando, tenemos que seguir teniendo las puertas abiertas. Tenemos que garantizar un derecho, que es lo que nos pide la sociedad, viendo la forma de sensibilizar al gobierno para que nuestros trabajadores tengan los sueldos que se merecen y no se vayan.

¿Por qué la universidad pública tiene que ser gratuita? ¿Cuál es el origen de la gratuidad?

Hay fundamentos históricos políticos de nuestro país, pero también asumidos en la contemporaneidad por la región, e inclusive a nivel mundial, considerando a la educación superior como un derecho humano, un bien público y social, y un deber del Estado. Además de los beneficios individuales que genera efectivamente la inversión en la educación en las personas, también genera muchas y altas externalidades y beneficios sociales. El Estado decide asignar recursos, invertir, entendiendo que el recupero de esos fondos va a generar mucha más “rentabilidad” que esos gastos, que esos recursos que aplicó. Eso en la historia de nuestro país tiene un antecedente muy fuerte que es el decreto del año 1949, que establece la gratuidad o no arancelamiento de la educación superior. En términos históricos hay que entender también que se venía de una tradición universitaria muy fuerte, con la reforma del ‘18, pero que en algún sentido había consolidado unas características elitistas de la educación superior.

¿Qué implicó ese decreto?

El decreto del año 49 propició una orientación de la educación superior en favor de generar mejores oportunidades para los que menor capacidad u oportunidades tenían, que era la clase obrera. Se trata de una concepción vinculada a la movilidad social ascendente, a propiciar el acceso irrestricto para aquellos que no tendrían ninguna chance de acceder a la educación superior si no fuera gratuita. Es un principio básico que da cuenta del fundamento por el cual se establece el no arancelamiento. En nuestro país, la tendencia es a incrementar la cantidad de chicos que vienen de los quintiles de más bajos ingresos. A principios de la década de 1990 representaban solo un 9 o 10 por ciento, y hoy llegan casi al 20 por ciento. Se ha incrementado la cantidad de chicos que acceden, pero no así en la misma proporción los que egresan, pero eso es otra cuestión. Hay una crítica infundada, en donde muchos dicen que las universidades argentinas son parkings, estacionamientos, porque hay mucho acceso y poco egreso, especialmente de aquellos de los menores quintiles de ingresos. Pero allí hay una valoración hecha desde un punto de vista neoliberal, en donde solo se computa como resultado económico a aquel que obtuvo el título, cuando en realidad cualquiera que pasa por el sistema universitario, uno dos o tres años, ha acumulado un conocimiento que lo hace distintivo respecto a su capacidad para poder generar valor para sí mismo y para la sociedad.

Por eso, dentro del proceso de reconfiguración, nosotros estamos insistiendo con las titulaciones intermedias que reconocen ese capital acumulado. El no arancelamiento no es suficiente si uno quiere generar verdadera movilidad social y verdadera promoción. Hay que complementarlo con becas, que tienen que ver con aquellos que las necesitan por cuestiones socioeconómicas, pero además orientadas a carreras estratégicas, a estimular desde la oferta el acceso de chicos y chicas a áreas que el país necesita, como son las becas Manuel Belgrano, tratando de conciliar la aspiración vocacional con la necesidad de desarrollo.

¿Cuál es la expectativa que tienen con respecto al presupuesto 2025?

Es poder terminar este año teniendo las condiciones de negociación y discusión para su formulación. Por eso necesitábamos mínimamente esta actualización de gastos, y que periódicamente se vayan produciendo las actualizaciones de salarios. Al interior del CIN ya empezamos a trabajar para que en agosto convoquemos al plenario y hagamos nuestra propuesta, y que esa sea la base de negociación de la cartera educativa con la cartera económica. En estos contextos de macroeconomía en crisis, lamentablemente, muchas veces es más determinante la decisión del Ministerio de Economía que de Educación.

Fuente: UNSAM

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