El paro universitario de este martes 4 y miércoles 5 de junio marcará un nuevo capítulo en el conflicto por el financiamiento de la educación superior. Las universidades públicas vienen advirtiendo desde principio de año por la situación presupuestaria, un reclamo que al principio fue desconocido por el Gobierno nacional, lo que condujo a la masiva Marcha Federal Universitaria del pasado 23 de abril.

El anuncio del paro surge tras el fracaso de la última reunión entre los sindicalistas y los funcionarios de la Secretaría de Educación, dependiente del Ministerio de Capital Humano de la Nación. En ese mitin paritario, los representantes del Gobierno presentaron la misma oferta salarial que los gremios ya habían rechazado.

“El Gobierno no realizó ninguna propuesta concreta que diera respuesta a la pérdida salarial que mantiene a más de la mitad de trabajadoras y trabajadores docentes y no docentes por debajo de la línea de pobreza”, argumentaron en un comunicado que lleva la firmas de la CONADU, CONADU Histórica, FEDUN, CTERA, FAGDUT, UDA y FATUN.

“La representación sindical, una vez más, presentó el pliego: pauta salarial mensual para no seguir perdiendo con la inflación, recuperación de lo perdido -del orden del 50%-, actualización de la garantía salarial, restitución del FONID y fondos de capacitación. El Gobierno Nacional, de este modo, lejos de resolver el conflicto, lo agudiza”, dijeron.

“La única ‘respuesta’ oficial fue la de trasladar el tema al Ministro de Economía. En este sentido, la federación ratificó la continuidad del plan de acción, reafirmando que el camino de la lucha y la unidad es el que permite conquistar los reclamos y derrotar el ajuste. Así lo demuestran las conquistas obtenidas respecto al presupuesto de funcionamiento de las universidades”, añade el comunicado de ConaduH, entidad a la cual pertenece la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Tucumán (Adiunt), que acatará la huelga.

A quiénes afecta el conflicto universitario

Aunque por su magnitud la UBA ha tenido más visibilidad, el conflicto por el presupuesto afecta a las 61 universidades nacionales distribuidas en las 24 jurisdicciones del país. La caída del salario impacta de manera directa en las 220.660 personas que trabajan en las casas de estudio. De esta cifra, 147.821 (el 66,9%) son profesores, mientras que 56.424 (25,6%) son no docentes. El resto se completa con autoridades y personal preuniversitario. Más de la mitad de los docentes (51,2%) y no docentes (50,7%) son mujeres.

La situación del presupuesto universitario también impacta en los 2.030.633 estudiantes que suman las universidades nacionales en las carreras de grado y pregrado, según las últimas cifras oficiales de la Síntesis de Información Universitaria. En ese nivel, solo el 3,9% de los alumnos son extranjeros.

Solo en 2022 ingresaron 543.041 estudiantes a las instituciones estatales, de los cuales 1 de cada 3 (32%) tienen entre 17 y 19 años. En las universidades estatales, 3 de cada 10 ingresantes (29,8%) se anotaron en carreras de ciencia y tecnología, estratégicas para el desarrollo del país (en las privadas, solo el 18,4% de los ingresantes se anotó en estas áreas).

Poco más de la mitad de los ingresantes al sistema universitario público (54%) lograron continuar sus estudios al año siguiente (en las privadas, el porcentaje de retención es 62,6%). Y solo el 23,2% termina la carrera en el tiempo “teórico”, es decir, en los plazos previstos por el plan de estudios (en las privadas, la cifra asciende al 38,3%).