La Justicia federal dio lugar al amparo presentado por la rectora de la Universidad Nacional de Pilar y ordenó "la suspensión inmediata" de la revisión que dispuso el Gobierno. De esta forma, se había detenido la puesta en marcha de cinco casas de altos estudios. 

La Secretaría de Educación, bajo la órbita de la ministra de Capital Humano, Sandra Petovello, estableció un proceso de revisión de la creación por ley de las universidades nacionales de Pilar, del Delta y de Ezeiza, en la provincia de Buenos Aires; de Madres de Plaza de Mayo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Además de la Universidad de Río Tercero, en Córdoba.

Sin embargo, el juez federal de Campana Adrián González Charvay decidió "hacer lugar a una medida cautelar interina", presentada por la rectora de la Universidad Nacional de Pilar, Diana Wanger. Y ordenó a la ministra Petovello dejar sin efectos la Resolución 45/2024 APN-MCH. 

Se trata de una "precautelar" con efectos solo sobre la Universidad de Pilar que "tendrá vigencia hasta tanto se resuelva la medida cautelar solicitada en autos".

Además, el juez pidió al Ministerio de Capital Humano un informe que "dé cuenta del interés público comprometido por la solicitud", de acuerdo al artículo n°4 de la Ley 26.854, "el cual deberá ser contestado en el plazo de tres días de notificada".

En su demanda, la rectora Wanger solicito a la Justicia que se declare la inconstitucionalidad de la resolución ministerial que dispuso la revisión de la creación de la casa de altos estudios. En el amparo, consideró que la medida es una "inminente lesión y amenaza de derechos y garantías reconocidos por los artículos. 14 y 17 de la Constitución Nacional y en el Derecho Supranacional".

La rectora también solicitó que la Justicia ordene la suspensión de los efectos de esa resolución por ser "violatorio de la garantía de autonomía con la cual la reforma de la Constitución de 1994 pretendió amparar a las Universidades Nacionales".

En su habitual conferencia de prensa, el portavoz oficial, Manuel Adorni, anunció que con la medida el Gobierno busca determinar cuál fue "el destino" de $800 millones que el Estado invirtió en al menos dos de las cinco casas de estudios para que comiencen sus actividades. 

Las cinco universidades

La Universidad Nacional del Delta abarcaría los partidos de Tigre, Escobar, San Fernando, con una oferta académica para la zona norte del conurbano bonaerense, que alcanza a más de 700 mil habitantes.

La Universidad Nacional de Pilar se propuso para vincularse con las actividades productivas del Parque Industrial Pilar, por lo que estaba prevista adecuar los programas de estudio a la industria de la alimentación, química, papelera, metalúrgica, plástica, farmacéutica y de software, entre otras. Y el campus iba a estar emplazado en los edificios del ex Instituto Pellegrini, cedidos al municipio, ubicados en la Ruta 25.

La Universidad Ezeiza funciona como universidad de la provincia de Buenos Aires desde 2011, con más de 9.000 estudiantes. Con la ley pasaría a ser Nacional y comprendería a gran parte del sur del Gran Buenos Aires, principalmente los municipios aledaños de Esteban Echeverría, Cañuelas, Lobos, Presidente Perón y San Vicente, además de algunas localidades de La Matanza.