Bajo el imperativo de que es necesario “pasar de las palabras a la acción”, el Congreso Internacional de Universidades Públicas (CIUP2022), celebrado entre ayer y hoy en la Universidad Nacional de Córdoba, ratificó su compromiso para lograr una “más efectiva integración regional y global” de las casas de estudio de América Latina y el Caribe entre sí y también de cara a una realidad social marcada por una desigualdad creciente.

“En un mundo que se organiza alrededor de bloques, nuestros países aún no logran conformar un espacio común capaz de articular la cooperación y en la diversidad que nos caracteriza, para hacer del conocimiento una herramienta emancipadora”, señalaron, como diagnóstico que da paso a la acción concreta.

Esta definición, vino luego de reafirmar como bandera esencial el “carácter de derecho humano universal, bien público, social y estratégico y responsabilidad de los estados” que tiene la educación superior, y la consiguiente necesidad de defender esos principios frente a los intentos por mercantilizar el conocimiento”.

Organizado por la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y el Ministerio de Educación de la Nación, el CIUP2022 se convocó para debatir los ejes de Integración, Innovación y Agenda 2030. Esas tres instituciones estuvieron representadas, respectivamente, por los rectores Hugo Juri y Enrique Mammarella, y por el secretario de Políticas Universitarias, Oscar Alpa.

Bien juntos

A la hora del balance, se planteó la propuesta de aunar fuerzas entre las universidades y los gobiernos nacionales, con el convencimiento de que la mencionada integración requiere de mucho financiamiento.

“Nos ofrecemos a colaborar en la construcción de una Agencia de Cooperación Regional en temas de educación superior, ciencia, tecnología e innovación capaz de delinear una agenda común del conocimiento que a la vez nos permita vincularnos en forma más justa con otras regiones”, plantearon los rectores y académicos participantes.

“No podemos más aceptar el rol de observadores imparciales inconmovibles frente a la injusticia social, el patriarcado y el racismo, todas epidemias endémicas que no hacen sino avergonzarnos. Asumimos el compromiso de estrechar los lazos entre nuestras naciones y la vez articularnos para cooperar con otros actores globales en la construcción de un nuevo orden mundial, donde la cooperación domine por sobre la competencia, donde lo nacional y territorial encuentre valor en diálogo fructífero y generoso con otras culturas, pueblos y naciones”, suscribieron en un documento final.

En otro orden, desde el CIUP2022 pidieron a los estados y los organismos internacionales e intergubernamentales que “respeten la libertad y la autonomía de los sistemas universitarios”, para evitar que “los poderes fácticos que tanto influyen en silencio sobre lo público, tengan oportunidad de imponer restricciones mercantilistas a las reglas de la gobernanza, ya sea en la enseñanza, la producción científica, tecnológica y artística y en la extensión y vinculación con la sociedad”.

Otra demanda vigente fue la necesidad de garantizar el acceso “equitativo e igualitario” de toda la población a las universidades públicas, para lo cual se considera imprescindible que los Estados nacionales “no sólo financien adecuadamente  a sus instituciones, sino que también  las incorporen a su agenda de desarrollo sostenible y las protejan frente a los embates de quienes visualizan a la educación superior como un servicio transable, capaz de generar pingües dividendos para sus inversiones empresariales”.

También se asume como “inevitable” la pérdida de hegemonía de las universidades, por lo que urge “promover nuevas formas y nuevos contenidos que atiendan a las demandas humanas y sociales insatisfechas de cada territorio, haciendo uso adecuado de las tecnologías hoy disponibles” para garantizar la mejora continua en la calidad y la formación de los ciudadanos y ciudadanas a lo largo de sus vidas.

El CIUP2022 reivindicó el necesario respeto por los valores de “la inclusión social, la diversidad cultural y la pertinencia social”, al igual que el concepto de “ciencia abierta, para evitar la mercantilización de los resultados científicos y tecnológicos y asegurar que estos estén “al servicio de las sociedades”.

También se asumió el compromiso de “erradicar el patriarcado” de las universidades, y de garantizar a las mujeres y a las minorías sexuales “las mismas condiciones de accesibilidad a todas las instancias laborales de la cual disfrutan hoy los varones heterosexuales”.

En igual sentido, se asume como orgullosamente propia la diversidad cultural de América Latina, a la que hay que “preservar de todo tipo de discriminación, en particular hacia los pueblos indígenas, afrodescendientes y los sectores más pobres”.