El Gobierno nacional apeló ayer la medida cautelar que lo obliga a aplicar la Ley de Financiamiento Universitario y solicitó que el recurso sea concedido con efecto suspensivo, con el objetivo de frenar su implementación hasta que haya una resolución definitiva.

La presentación fue realizada ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal por la Procuración del Tesoro, luego del fallo que ordenó al Estado actualizar los salarios docentes y las partidas presupuestarias destinadas a las universidades públicas.

La cautelar había sido dictada en diciembre pasado por el juez federal Enrique Cormick, en el marco de una acción de amparo promovida por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y otras entidades del sistema universitario, con el respaldo de más de 40 universidades públicas.

En su resolución, el magistrado consideró que el Decreto 759/2025 —que suspendió la ejecución de la Ley 27.795 y estableció que solo podrá aplicarse cuando se determinen recursos específicos para solventarla— presentaba rasgos de “arbitrariedad e ilegalidad manifiesta”. También sostuvo que existía una “inobservancia clara e incontestable de un deber jurídico, concreto y específico”, en alusión a la demora en su aplicación y su impacto en el funcionamiento universitario.

Desde el Ejecutivo, en cambio, calificaron la decisión judicial como “arbitraria” y argumentaron que la ley requiere definir previamente sus fuentes de financiamiento e incorporar las partidas correspondientes en el Presupuesto nacional. Según el Gobierno, la cuestión presupuestaria es competencia del Congreso y no del Poder Judicial. Además, advirtieron sobre los posibles efectos de la medida en el equilibrio fiscal.

En el recurso, Nación también cuestionó la imparcialidad del juez de primera instancia al señalar que, por desempeñarse como docente universitario, integraría el grupo potencialmente beneficiado por la recomposición salarial. Sin embargo, la Cámara rechazó la recusación al no encontrar pruebas de un interés personal que afectara su objetividad.

Ahora será el tribunal de alzada el que deberá resolver si confirma o revoca la medida cautelar, una decisión que tendrá impacto directo en el financiamiento del sistema universitario y en los haberes docentes.