El Gobierno nacional inició negociaciones con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para avanzar en una nueva ley de financiamiento de las universidades públicas, con el objetivo de garantizar la viabilidad fiscal y atender los reclamos históricos del sistema universitario. La iniciativa busca destrabar un conflicto que se intensificó tras los reiterados vetos presidenciales a la norma que proponía actualizar los presupuestos de las casas de estudio en función de la inflación.

Las tensiones entre el Ejecutivo y la comunidad académica escalaron con fuerza entre 2024 y 2025, cuando multitudinarias movilizaciones estudiantiles y gremiales se replicaron en todo el país, con epicentro en la Ciudad de Buenos Aires. La segunda Marcha Federal Universitaria, realizada en octubre de 2024, y una nueva protesta convocada el 17 de septiembre de 2025 bajo el lema “Si hay veto, hay marcha”, congregaron a cientos de miles de personas en rechazo a la decisión oficial de vetar la ley de financiamiento universitario, pese a haber sido aprobada por el Congreso.

El último veto presidencial se produjo luego de que el Senado sancionara la norma el 22 de agosto de 2025. Frente a ese escenario, el Gobierno procura encauzar el conflicto y evitar una mayor judicialización, mediante la elaboración de un nuevo proyecto que no derogue el esquema financiero vigente, sino que lo modifique. La estrategia oficial apunta a alcanzar consensos políticos que permitan la sanción de una ley capaz de reemplazar el marco actual y cerrar la disputa en el ámbito parlamentario.

Desde la Secretaría de Educación remarcan que la propuesta buscará brindar no solo recursos, sino también previsibilidad y seguridad jurídica a las universidades públicas. En ese marco, el secretario de Educación, Carlos Torrendel, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, mantuvieron ayer una reunión con el presidente y el vicepresidente del CIN, Carlos Greco (UNSAM) y Franco Bartolacci (UNR), respectivamente, con el fin de comenzar a construir respaldos institucionales antes del envío del proyecto al Congreso.

Tras el encuentro, Greco calificó la reunión como “un acercamiento en la dirección correcta” y señaló: “Nos vamos con la expectativa de poder avanzar en la resolución de algunas de las demandas que tenemos”. A su vez, Bartolacci advirtió que aún persisten “muchos temas por resolver”, aunque valoró el diálogo como “un paso en la dirección correcta”.

De acuerdo con fuentes del Ejecutivo, la futura ley buscará equilibrar la demanda de previsibilidad fiscal planteada por el Gobierno con las garantías jurídicas reclamadas por el sistema universitario. En ese sentido, la Casa Rosada pretende que la norma permita resolver la negociación presupuestaria y cerrar los frentes legales abiertos en una única instancia parlamentaria, evitando así nuevas confrontaciones públicas con el sector académico.

Fuente: InfoBae y propias