El presupuesto destinado a las universidades nacionales para 2026 sería el más bajo de las últimas dos décadas si no se cumple la Ley de Financiamiento Universitario, cuya aplicación fue ordenada recientemente por la Justicia. De acuerdo con las proyecciones oficiales, la inversión alcanzaría apenas el 0,47% del Producto Bruto Interno (PBI), el nivel más bajo desde 2005, y representaría una caída del 33,8% respecto a lo ejecutado en 2023.

La Ley de Presupuesto 2026 aprobada por el Congreso incorporó el artículo 30, que deroga el artículo 9 de la Ley 26.206 de Educación Nacional. Esa norma establecía que el Estado debía garantizar el financiamiento del sistema educativo en un piso no inferior al 6% del PBI. En el caso de las universidades, la inversión prevista resulta aún más reducida y consolida una tendencia descendente sostenida.

Durante 2025, el porcentaje del PBI destinado a la educación superior fue del 0,49%, el menor desde 2005, lejos del pico del 0,87% registrado en 2017. Según un informe de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), en 2024 el 88% del presupuesto universitario se destinó al pago de salarios de docentes, no docentes y otros trabajadores, mientras que el resto se aplicó a actividades de extensión, investigación y funcionamiento de hospitales universitarios.

El ajuste presupuestario tuvo un impacto directo en los ingresos del sector. Desde el inicio de la actual gestión y hasta el primer semestre de 2025, los salarios universitarios perdieron cerca del 30% de su poder adquisitivo. Esa caída fue más del doble que la del promedio del sector público y ampliamente superior a la registrada en el sector privado.

“El congelamiento salarial precariza ingresos que ya eran bajos y obligó a muchos docentes a abandonar la universidad pública para continuar sus carreras en el exterior”, señaló Pablo Monk, docente universitario, en diálogo con este medio. Además, advirtió que la reducción de recursos afectó el otorgamiento de becas, la compra de insumos y el mantenimiento de la infraestructura, lo que derivó en cursadas irregulares y condiciones académicas precarizadas.

Las universidades nacionales dependen en un 90% de las transferencias del Gobierno nacional. A diferencia de otros niveles educativos, donde algunas responsabilidades son compartidas con las provincias, el financiamiento universitario no cuenta con instancias de reemplazo por otros niveles del Estado, explicaron desde la UBA.

Aun bajo el supuesto oficial de una inflación del 10,1% en 2026, los recursos para la educación superior crecerían apenas un 0,8% respecto a 2024, un aumento insuficiente para compensar la fuerte caída registrada desde 2023.

Recortes generalizados

Según estimaciones del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) basadas en datos oficiales, el presupuesto destinado a Educación y Cultura caerá un 47,3% en términos reales entre 2023 y 2026. En el mismo período, las becas y transferencias para estudiantes acumulan un recorte del 76,6%, mientras que los recursos para ciencia y tecnología disminuirán un 48,8%.

En el caso específico de las universidades, la contracción real será del 33,8%. Las escuelas técnicas también figuran entre las más afectadas: la Ley de Presupuesto elimina el Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional al derogar el artículo 52 de la Ley 26.058, que garantizaba un financiamiento no inferior al 0,2% del PBI. Como resultado, los recursos para estas instituciones caerán un 93% real respecto a 2023.

El ajuste alcanza también al sistema científico-tecnológico. El presupuesto previsto para 2026 consolida una reducción del 48,8% desde el inicio de la gestión y deroga artículos clave de la Ley 27.614, que establecía un crecimiento progresivo del financiamiento hasta alcanzar el 1% del PBI en 2032 y prohibía asignaciones inferiores a las del año anterior.

Fuentes: Perfil y propias