La Justicia Federal otorgó una medida cautelar que ordena la actualización de los salarios docentes y no docentes y de las becas estudiantiles en las universidades nacionales, al hacer lugar a un reclamo presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). La decisión representa un revés para el Gobierno nacional en el conflicto por el financiamiento del sistema universitario.

El fallo fue dictado por el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N.º 11, que dispuso el cumplimiento de los artículos 5° y 6° de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario. Esos artículos establecen la recomposición y actualización de salarios y becas en función del índice inflacionario.

La resolución judicial se produce en un contexto de fuerte tensión entre las universidades nacionales y el Poder Ejecutivo. Tras la sanción de la ley, el Gobierno dispuso su suspensión mediante el Decreto 795/2025, al argumentar que la norma no preveía de manera expresa las fuentes de financiamiento necesarias para afrontar los gastos que implicaba su implementación. Esa decisión dejó sin efecto, en la práctica, los mecanismos de actualización previstos por la ley.

El reclamo del CIN y la vía judicial

Frente a ese escenario, el Consejo Interuniversitario Nacional inició a fines de octubre de 2025 una acción colectiva, con el doble objetivo de que se declare la inconstitucionalidad del decreto y se ordene el cumplimiento inmediato de la Ley de Financiamiento Universitario.

En su presentación, el CIN puso el foco en la falta de aplicación de los artículos 5° y 6°, al advertir que la ausencia de actualización salarial y de becas profundizaba la pérdida del poder adquisitivo de docentes y no docentes, afectaba el acceso de los estudiantes a las ayudas económicas y comprometía el normal funcionamiento de las universidades.

El planteo sostuvo, además, que la suspensión de la ley implicaba una afectación colectiva y urgente, al vulnerar derechos constitucionales vinculados al derecho a la educación y a la autonomía universitaria.

La decisión judicial

Al resolver, el juez Martín Cormick admitió la medida cautelar y declaró inaplicable, para el caso, lo dispuesto por el Decreto 795/2025 en cuanto suspendía la ejecución de la Ley 27.795 hasta que el Congreso determinara las fuentes de financiamiento.

En su fallo, el magistrado consideró que “se encontraría conformado un supuesto de arbitrariedad e ilegalidad manifiesta”, al señalar que la lesión de los derechos y garantías reconocidos surgía de manera clara del acto de la autoridad pública, sin necesidad de un análisis exhaustivo de los hechos.

La cautelar implica un respaldo judicial al reclamo del sistema universitario y vuelve a poner en vigencia la obligación de actualizar salarios y becas mientras se resuelve el fondo de la cuestión, reabriendo el debate sobre el financiamiento de las universidades nacionales.