La Cámara de Diputados aprobó el Presupuesto nacional impulsado por el oficialismo con 132 votos a favor, 97 en contra y 19 abstenciones. Sin embargo, hacia el final de una extensa sesión que se prolongó hasta la madrugada, el Gobierno sufrió un revés clave: no consiguió derogar las leyes de financiamiento universitario y de emergencia en discapacidad.

El capítulo que incluía la derogación de ambas normas fue rechazado por la oposición, que logró imponerse pese a una serie de maniobras reglamentarias impulsadas por el bloque de La Libertad Avanza. La votación final del Capítulo XI arrojó 123 votos negativos, 117 afirmativos y dos abstenciones, resultado que generó festejos en los bloques opositores y desconcierto en las bancadas oficialistas.

Al inicio del debate, el oficialismo había logrado que el Presupuesto se votara por capítulos y no por artículos, una estrategia que buscó impedir el rechazo puntual del artículo 75, que eliminaba las leyes vetadas por el presidente Javier Milei y luego ratificadas por el Congreso. Sin embargo, la oposición terminó rechazando el capítulo completo, frustrando el objetivo del Gobierno.

Desde los bloques opositores cuestionaron con dureza la iniciativa oficial, al considerar que la derogación de leyes a través del Presupuesto viola la Ley de Administración Financiera. Además, señalaron que se trataba de normas que el Poder Ejecutivo ya no viene ejecutando, lo que interpretaron como una provocación política.

En un intento por asegurar los votos necesarios, el presidente de la Comisión de Presupuesto, Bertie Benegas Lynch, incorporó sobre el final dos artículos adicionales dentro del mismo capítulo. Uno de ellos, impulsado por el PRO, facultaba al jefe de Gabinete a realizar adecuaciones presupuestarias para atender el fallo de la Corte Suprema sobre la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires. El otro asignaba más de 21 mil millones de pesos al Poder Judicial.

La maniobra generó tensiones incluso dentro de los aliados del oficialismo. El jefe del bloque PRO, Cristian Ritondo, advirtió que los artículos agregados no guardaban relación con el resto del capítulo y denunció un intento encubierto de avanzar sobre la Auditoría General de la Nación. Finalmente, con el rechazo del capítulo, el PRO también perdió el artículo referido a la coparticipación porteña.

Durante el debate, legisladores opositores denunciaron una maniobra “entre gallos y medianoche” y acusaron al oficialismo de intentar condicionar futuras decisiones judiciales. Germán Martínez, jefe del bloque kirchnerista, sostuvo que la inclusión del financiamiento del Poder Judicial buscaba “blindar” el capítulo para evitar su eventual judicialización.

El capítulo rechazado también contenía disposiciones que modificaban el régimen de tarifas subsidiadas de gas en las denominadas Zonas Frías, lo que habría dejado fuera a localidades incorporadas en una ampliación de 2021. Con la votación negativa, ese beneficio continuará vigente.

Otro de los puntos que quedó sin efecto fue la eliminación de la actualización automática de la Asignación Universal por Hijo y de las asignaciones familiares, que actualmente se ajustan por el índice de movilidad jubilatoria vinculado a la inflación.