Los docentes de las 66 universidades nacionales iniciaron este miércoles un paro de 72 horas, en reclamo del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y Recomposición del Salario Docente, cuya aplicación fue suspendida por el Gobierno nacional.

La medida, que se extenderá hasta el viernes, fue convocada por las dos federaciones docentes más representativas del país: la CONADU Histórica, adherida a la CTA Autónoma, y la CONADU, integrante de la CTA de los Trabajadores. Entre ambas organizaciones concentran la representación de la gran mayoría de los docentes universitarios y preuniversitarios del sistema público.

Desde la CONADU Histórica, el Congreso de Secretarios Generales resolvió la medida tras la decisión del Ejecutivo de no reconocer la validez del rechazo parlamentario al veto presidencial sobre la ley de financiamiento. En ese contexto, algunos gremios de base llegaron a proponer extender el paro por una semana o incluso por tiempo indeterminado, con suspensión de exámenes finales.

Por su parte, la CONADU resolvió acompañar la protesta luego de realizar una consulta nacional y un congreso propio, en el que se expresó un amplio respaldo al reclamo conjunto.

En tanto, las federaciones FEDUN (docentes universitarios) y FATUN (trabajadores no docentes), ambas enroladas en la CGT, decidieron no sumarse a la medida de fuerza, a la espera de una nueva instancia de diálogo con el Gobierno.

El conflicto se origina tras la decisión del Ejecutivo de promulgar la Ley N° 27.795, pero dejarla en suspenso en su reglamentación, argumentando la falta de fondos previstos en la Ley de Administración Financiera N° 24.156. Esta postura fue replicada en otros temas, como las leyes de emergencia en discapacidad y pediatría.

No obstante, los gremios denunciaron una inconsistencia en los criterios del Gobierno, que en casos como el del Hospital Garrahan dispuso aumentos salariales del 61%, mientras que en el ámbito universitario el incremento necesario para recomponer los haberes a niveles de noviembre de 2023 sería del 43%.

“Ante el deterioro salarial y la falta de respuestas del Gobierno nacional, exigimos la convocatoria a paritarias y la urgente implementación de la ley, indispensables para garantizar condiciones dignas de trabajo y el sostenimiento del sistema público universitario”, expresaron desde la CONADU Histórica.

Por su parte, la CONADU advirtió que el inicio del próximo ciclo lectivo podría verse comprometido “si la gestión de Javier Milei no avanza en la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario”, y adelantó que, junto al Frente Sindical Universitario, judicializarán el reclamo por la apertura de paritarias.

La medida de fuerza afectará a cerca de 200 mil docentes y entre 2 y 3 millones de estudiantes en todo el país. Los gremios no descartan profundizar las protestas, con la suspensión de exámenes finales y la posibilidad de no iniciar el ciclo lectivo 2026 si no hay respuestas.