El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) anunció que iniciará acciones legales ante la decisión del Gobierno de suspender la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, promulgada recientemente en el Boletín Oficial. El decreto presidencial dejó sin efecto la norma al no especificar de qué partidas se destinarían los fondos, lo que generó el rechazo unánime de las universidades públicas.

El presidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de La Pampa, Oscar Alpa, explicó que los rectores resolvieron actuar en conjunto para revertir la medida. “Se resolvió de manera unánime que el CIN impulse las presentaciones contra este decreto, y luego cada universidad reforzará con su propia acción judicial”, señaló.

En declaraciones a medios nacionales, Alpa recordó que la ley fue clara al establecer que el Poder Ejecutivo debía afectar las partidas correspondientes, y sostuvo que el decreto carece de sustento legal. “En la reunión que realizamos en la Facultad de Derecho de la UBA, el propio decano señaló que es inconcebible un decreto de este tipo, porque el Presidente no tenía otra opción que promulgar la ley y reglamentarla”, afirmó.

El titular del CIN criticó la decisión del Ejecutivo de reglamentar la ley pero impedir su entrada en vigencia. “Lo increíble es que la reglamentó diciendo que no se pone en funcionamiento, atribuyéndose poderes por encima del Poder Legislativo. Y dentro del sistema institucional republicano que tenemos, en el cual confiamos, después de haber trabajado con el Poder Legislativo, le tocará al Poder Judicial decir si estamos en un sistema republicano o no”, expresó.

Respecto a la estrategia judicial, Alpa adelantó que las presentaciones se harán en primera instancia ante la Justicia Federal y que, en caso de un fallo adverso, se recurrirá al mecanismo de per saltum para llegar directamente a la Corte Suprema. “Tenemos que presentarlo en primera instancia, y si el fallo es negativo, ya está previsto el per saltum. Queremos que el trámite sea ágil, pero dentro del marco de legalidad”, explicó.

El presidente del CIN también señaló que las federaciones docentes y no docentes acompañarán el reclamo con demandas en el ámbito laboral. “Sabemos de varias presentaciones que se están realizando y esperamos que el Poder Judicial actúe con la celeridad que la situación amerita. La inconstitucionalidad es muy manifiesta de parte del Presidente de la Nación”, sostuvo.

Alpa destacó la unidad del sistema universitario y el respaldo social obtenido en los últimos meses. “Venimos trabajando con los sindicatos, con la FUA y con los rectores y rectoras del CIN. Las marchas federales fueron multitudinarias y mostraron que la defensa de la universidad pública es una causa nacional. Es histórico que un veto haya sido rechazado con semejante mayoría en ambas cámaras”, remarcó.

Finalmente, advirtió que la Ley de Financiamiento Universitario debía servir de base para la discusión del presupuesto 2026 y cuestionó la falta de ejecución de partidas ya disponibles. “El jefe de Gabinete tiene autorización para redistribuir fondos y cumplir con la ley, pero no lo está haciendo. Por dos días eliminaron las retenciones, y con eso se podían pagar dos años del sistema universitario, el Garrahan y discapacidad. Fue una decisión que ni siquiera consultó al Congreso”, concluyó.