A pesar de haber sido aprobada por 158 Diputados y 58 Senadores en el Congreso de la Nación, Javier Milei decidió vetar la Ley de Financiamiento Universitario propuesta por el Consejo Interuniversitario Nacional, con el apoyo de los gremios Docentes, No Docentes y las expresiones de representación estudiantil.

Desfinanciar a las Universidades públicas es hipotecar el futuro de la Nación, ya que compromete el acceso a la educación superior por parte de los sectores de menores recursos, a la vez que deteriora el poder adquisitivo de docentes y trabajadores, nivelando hacia abajo la calidad de enseñanza y priva de recursos a las Facultades, tanto en insumos, como en gastos de funcionamiento y, por supuesto, materiales prácticos destinados a carreras estratégicas abocadas a disciplinas científico-tecnológicas.

Hay que reconocer que el veto era de esperarse. Este Gobierno desde que asumió se ha encargado de complicarle el día a día a trabajadores, empresarios, jubilados, estudiantes, discapacitados, etc., a través de un modelo económico-político que defraudó a los propios y ofendió a los ajenos.

Ahora bien, resulta importante destacar los aspectos principales de la Ley aprobada en la Legislatura y desestimar la versión oficialista de que era necesario vetarla porque “compromete el déficit fiscal”.

Aspectos destacados de la Ley:

-Paritarias Docentes y No Docentes cada 3 meses, con piso de incremento según la inflación publicada por el INDEC.

-Compromiso por parte del Poder Ejecutivo de garantizar los fondos de funcionamiento (Universidades, hospitales Universitarios, Fondo para la Ciencia y la Tecnología y actividades de extensión Universitaria)

-Participación en el PBI: elevar del 1% actual, de manera progresiva hasta alcanzar el 1,5% del PBI para el año 2031:

En este sentido, vale la pena destacar que fue durante la “Decáda ganada” (2003-2013) desarrollada durante las Presidencias de Néstor y Cristina Kirchner, que se logró elevar del 0,5% del PBI destinado a la Educación Superior al 1%, período durante el cual también creció notablemente la matrícula, más precisamente en un  35% de nuevos estudiantes.

-Creación de un Fondo para Carreras Estratégicas de $10.000.000.000 (diez mil millones de pesos), actualizable según variación anual IPC del INDEC.  Este ítem apunta a resolver el congelamiento del monto de las Becas Manuel Belgrano, el cual quedó en $81.865

Este es un aspecto crucial ya que golpea en forma directa a estudiantes de las carreras reconocidas como Estratégicas para el Desarrollo del País según el Ministerio de Educación de la Nación. Inicialmente esta Beca fue creada de acuerdo con un índice equivalente neto a dos ayudantías de segunda, hoy debería estar situada en los $300.315, casi 4 veces más del monto que en verdad se otorga. También resulta de interés mencionar que en 2022 contó con 18.000 cupos a nivel País, que se elevaron a 36.000 en 2023 y se tomó el compromiso (por aquel entonces Sergio Massa como candidato a Presidente y Jaime Perczyk como Ministro de Educación) de redoblar la apuesta año tras año y continuar sumando especialidades al listado de carreras estratégicas.

De esta manera, aquellos estudiantes que percibían la Beca han sufrido un deterioro del 72% en su poder adquisitivo lo cual hace imposible que logren afrontar gastos de material de estudio, transporte (en casos donde el boleto estudiantil no aplica), refrigerios y/o cualquier otro desembolso necesario para estudiar correctamente. Esto genera menor intensidad de cursado, lo cual dilata el egreso de los jóvenes, mayor carga económica sobre las familias de los estudiantes y, en los casos más extremos, deserción.

¿Qué hay de cierto cuando dicen que este incremento no puede solventarse? La realidad es que muy poco, para ser precisos, es otra mentira del Gobierno. Por citar uno de los tantos ejemplos que podría enumerar, la SIDE vio incrementado su Presupuesto en un 345% interanual, sin contemplar los 100 mil millones de pesos que Javier Milei le asignó por Decreto en julio de 2024 y luego debieron ser devueltos ya que ambas Cámaras de Congreso rechazaron el DNU que, por cierto, inyectaba esos recursos pero de manera “reservada” lo cual impide conocer el uso y destino de la partida presupuestaria.

De esta manera, queda demostrado que los recursos están, de hecho no solo faltan en las sedes de las Universidades Nacionales y en los bolsillos de estudiantes, docentes y trabajadores, sino que también han ido saliendo de los jubilados, las personas con discapacidad, la rentabilidad de las empresas Argentinas, los profesionales y autónomos, todos ellos cargan sobre sus espaldas el ajuste más brutal de la historia Argentina.

Además, ya develada la farsa de la estabilización macroeconómica, la cual se debe a la alquimia financiera a la cual nos tiene acostumbrados “Toto” Caputo, donde ganan los que especulan y pierden los que producen, se resume a índices de inflación ajenos a la realidad e incremento desmedido en las tasas de interés hoy se suma un componente extra que explica gran parte de la paliza electoral que recibió el oficialismo en la Provincia de Buenos Aires que son las causas de corrupción ($Libra, Suizo Argentina, entre otras) que apuntan a los hermanos Milei como máximos responsables, quitándoles el mote de honestos y anti “Casta” (quizá  único capital político que sostenían) y derramando el vaso del hartazgo social.

Por último, este contexto rememora épocas dolorosas para el país y vuelve a poner en el centro de la escena a la Comunidad Universitaria, la cual, en vísperas de una nueva Marcha Federal, tiene la oportunidad histórica de poner en jaque a este Gobierno nefasto y comenzar a escribir las páginas de una Nueva Argentina, para la cual será necesaria la unidad de los principales dirigentes políticos.