Salarios, funcionamiento, becas, investigación y auditorías son algunos de los ejes centrales del proyecto de ley impulsado por bloques opositores que busca garantizar el financiamiento del sistema universitario público. La iniciativa preocupa al oficialismo por su impacto fiscal y ya obtuvo dictamen de mayoría en la Cámara de Diputados.

Tras intensas negociaciones, los bloques de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre y la Coalición Cívica consensuaron una versión unificada del proyecto que establece mecanismos de actualización presupuestaria, mejoras salariales y nuevas obligaciones para el Poder Ejecutivo.

Los principales puntos del proyecto

Recomposición presupuestaria 2024
Se propone actualizar los gastos de funcionamiento de universidades, hospitales universitarios, Ciencia y Técnica y actividades de extensión universitaria desde el 1 de mayo hasta el 31 de diciembre de 2024. La actualización será bimestral y se ajustará según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) elaborado por el INDEC.

Recomposición salarial
El proyecto obliga al Poder Ejecutivo a actualizar los salarios docentes y no docentes desde el 1 de diciembre de 2023 hasta la fecha de sanción de la ley. Los incrementos deberán ser bimestrales y, al menos, iguales a la variación del IPC. Además, todos los montos no remunerativos y no bonificables deberán incorporarse al salario básico durante 2025.

También establece la convocatoria obligatoria a paritarias dentro del mes posterior a la sanción de la ley, con reuniones cada tres meses como máximo. Los aumentos acordados no podrán estar por debajo de la inflación.

Actualización de becas estudiantiles
Las becas, incluyendo las del programa Progresar, deberán actualizarse con una lógica similar: tomando como referencia la variación del IPC desde diciembre de 2023 hasta la sanción de la norma.

Fomento a la investigación
Se contempla una partida específica para regularizar ingresos a la carrera de investigador científico y otorgar becas de investigación doctoral y postdoctoral.

Control y auditoría
La Auditoría General de la Nación (AGN) será la encargada de realizar el control administrativo externo de las universidades de gestión estatal. Deberá remitir los informes al Congreso junto con un plan de seguimiento y control.

Recursos
La iniciativa prevé la adecuación de partidas presupuestarias sin afectar la coparticipación federal ni los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). El financiamiento podrá provenir de ingresos corrientes recaudados por encima de los montos presupuestados o prorrogados.