La Cámara de Diputados dejó firme ayer el veto presidencial a la ley de financiamiento universitario, al no haber obtenido la oposición los dos tercios necesarios para mantener la iniciativa que había sido aprobada por el Congreso.

Si bien los bloques de la Unión Cívica Radical (UCR), Encuentro Federal, por Santa Cruz, Producción y Trabajo, la izquierda y Unión por la Patria habían logrado reunir 160 votos, el oficialismo de La Libertad Avanza (LLA) consiguió las 84 voluntades necesarias para sostener el veto.

Apoyaron la postura oficialista PRO y Creo, además de cuatro diputados radicales y tres tucumanos de Independencia, que responde al gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo.

El jefe del bloque de la UCR Rodrigo De Loredo ratificó ayer el voto mayoritario de la bancada que comanda a favor de sostener la ley aprobada por el Congreso para financiar a las universidades y consideró que "es falso que esto pueda quebrar el equilibrio fiscal". 

"El 0,14 que prevé la oficina de presupuesto del Congreso equivale el 10 % del superávit primario. Es más, es tan rudimentariamente falso que los últimos acercamientos de propuestas que hace el Gobierno prácticamente emparda lo que dicen que quiebra las finanzas. Y preocupa el riesgo al que someten el prestigio de nuestras universidades con un discurso absolutamente lesivo", dijo el legislador cordobés. 

Dentro de la bancada de la UCR, varios de los legisladores que acompañaron el veto a la recomposición de las jubilaciones (Mariano Campero, Luis Picat, Jose Tournier y Martín Arjol) repetieron la postura, lo que ayudó a que el Gobierno llegara al tercio necesario para blindar su decisión. 

Qué decía la ley de financiamiento universitario

La Ley de Financiamiento a Universidades Nacionales proponía que, "de los recursos asignados en el ejercicio presupuestario anual destinados a las Universidades Nacionales", se asigne "un 85 por ciento para gastos salariales" y el otro "15 por ciento a gastos generales y de funcionamiento".

Entre las justificaciones, el documento señalaba que el inconveniente que atraviesan las casas de altos estudios es que "al tener los mismos gastos de funcionamiento que se tuvo en 2023, los precios de 2024 no dan tregua".

Por eso, la ley proponía que para los gastos de funcionamiento se introduzca un mecanismo de actualización bimestral, basado en una fórmula que combina el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del 50 por ciento, la variación del tipo de cambio, del 25 por ciento, y la variación de tarifas de servicios públicos, también del 25 por ciento.

El proyecto había sido presentado por la Unión Cívica Radical. Llevó la firma de la diputada Danya Tavela y de sus pares Facundo Manes, Martín Tetaz, Mariela Coletta, entre otros. También fue firmado por integrantes de Hacemos Coalición Federal, como Margarita Stolbizer y Nicolás Massot.