El gobierno de Javier Milei trabaja en un proyecto para que las provincias se hagan cargo de las universidades nacionales que funcionan en sus respectivos territorios. Se trata de una iniciativa impulsada por el principal asesor del presidente, Santiago Caputo. La idea del Ejecutivo es girar fondos mínimos de Nación y que el resto del financiamiento necesario quede a cargo de cada provincia.

Rumores y trascendidos que surgieron desde casa Rosada dan cuenta que la idea está circulando en distintos ámbitos ligados a la educación superior, pese a que aún no tuvieron acceso al proyecto formal,.aunque reconocieron que el mismo está arriba de la mesa del despacho de Caputo y el gobierno nacional lo analiza junto a la Secretaria de Planeamiento Estratégico, María Ibarzábal Murphy.

El debate se inscribe en un marco de fuerte crisis por el desfinanciamiento al sistema universitario. En ese sentido, trascendió que el presidente Milei va a vetar la ley de financiamiento después de la marcha de universitarios, que será el 2 de octubre, en la que reclamarán mayor presupuesto. Milei tiene tiempo hasta el jueves 3 de octubre para realizar el veto, que ya adelantó que será total.

En el gobierno nacional reconocen que los principales perjudicados con la idea de transferir las universidades a las provincias serán Axel Kicillof y Jorge Macri, en cuyos distritos funcionan la mayor cantidad de casas de altos estudios. Y si bien no será parte de la norma, porque quieren que les corresponda a cada provincia, en la Casa Rosada proponen que las universidades comiencen a cobrar un arancel.

El proyecto en el que trabaja el gobierno establece que Nación gire "ciertos fondos" a las provincias. En Casa Rosada están evaluando si ese tipo de transferencias necesitan de la aceptación de los distritos. "Estamos viendo si les tiramos los fondos por la cabeza y que se hagan cargo", explicaron desde el entorno de Milei.

En Balcarce 50 explicaron que igualmente la idea este proyecto no es armar un FONID (Fondo Nacional de Incentivo Docente) pero para las universidades, que está suspendido por este Gobierno desde comienzos de año.