Por: Valentina Escobar Telner

En los primeros meses de 2024, Argentina enfrenta una situación económica crítica que afecta directamente a la educación de sus jóvenes. Según las últimas estimaciones del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la Universidad Católica Argentina (UCA), la pobreza ha alcanzado al 55,5% de la población, mientras que la indigencia se ha disparado al 17,5%. Estos números representan a casi 25 millones de personas viviendo por debajo de la canasta básica total (CBT) y unos 7,8 millones en indigencia, por debajo de la canasta básica alimentaria (CBA)​.

El impacto de la inflación, que ha alcanzado cifras alarmantes, se siente con mayor intensidad en los sectores más vulnerables de la sociedad. Los costos crecientes de los alimentos y otros bienes esenciales llevaron a muchas familias a una situación desesperada, donde la educación de sus hijos se ve relegada frente a la necesidad de supervivencia. Este contexto económico adverso afectó directamente el acceso y la calidad de la educación en todos los niveles, pero especialmente en la educación universitaria.

La deserción escolar y la falta de acceso a recursos educativos son problemas persistentes. Según datos del ODSA, el 23% de los niños de entre 3 y 5 años no asiste a establecimientos educativos formales, y el 35,3% de los jóvenes de 18 a 29 años no ha terminado la secundaria. Estos indicadores son alarmantes y reflejan las profundas desigualdades existentes en el sistema educativo argentino.

La educación universitaria en Argentina, tradicionalmente gratuita y de alta calidad, está bajo amenaza. Las universidades públicas, que históricamente supieron ser un bastión de inclusión y movilidad social, ahora enfrentan desafíos significativos debido a la falta de recursos y al aumento de la pobreza. La situación económica obliga a muchos estudiantes a abandonar sus estudios para trabajar y contribuir al sustento familiar. Además, los costos indirectos asociados a la educación universitaria, como el transporte, los materiales de estudio y la alimentación, lamentablemente se volvieron prohibitivos para muchas familias.

El impacto de la crisis económica en la educación no se limita a la deserción. También afecta la calidad de la enseñanza y las oportunidades de desarrollo profesional para los jóvenes. La precariedad laboral y la falta de empleo de calidad son problemas estructurales que agravan la situación. El ODSA indica que el 32,5% de los ocupados son trabajadores que residen en hogares en situación de pobreza, y el 26,5% de la población económicamente activa tiene un empleo precario.

Frente a esta crisis, es esencial implementar políticas públicas que garanticen el acceso equitativo a la educación y mejoren las condiciones de vida de las familias. Algunas de las medidas adoptadas incluyen el refuerzo de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la implementación del Plan Nacional Argentina contra el Hambre, que busca garantizar la seguridad alimentaria en el contexto de la Emergencia Alimentaria Nacional prorrogada hasta diciembre de 2025. Estas medidas son un paso en la dirección correcta, pero no son suficientes para abordar la magnitud de los desafíos actuales​.

Además, es crucial aumentar el financiamiento para la educación pública, mejorar la infraestructura escolar, y reducir la brecha digital. La implementación de programas de apoyo psicosocial y tutorías puede ayudar a los estudiantes a superar las barreras educativas y garantizar una educación de calidad para todos. La intervención del Estado es vital para proporcionar los recursos necesarios, establecer políticas inclusivas y asegurar que todos los ciudadanos tengan las mismas oportunidades educativas.

La educación es el pilar fundamental para el desarrollo y la equidad social en Argentina. Garantizar el acceso a una educación de calidad para todos los jóvenes argentinos es una tarea urgente y esencial. Solo a través de políticas inclusivas y sostenibles se podrá revertir la crisis actual y asegurar un futuro más justo y prometedor para el país. Es imperativo tomar medidas efectivas para construir un sistema educativo que sea verdaderamente inclusivo y de alta calidad para todos, asegurando así el futuro de las próximas generaciones. La educación debe ser un derecho inalienable y no un privilegio, recordando siempre que invertir en educación es invertir en el futuro.

*Nota realizada por Valentina Escobar Talner en el marco de las prácticas preprofesionales de la Licenciatura en Periodismo de la UNDAV.