Luego de la decisión del Gobierno Nacional de reasignar 14.000 millones de pesos a 25 de las 57 universidades nacionales, de las cuales 13 se encuentran en el Área Metropolitana de Buenos Aires, desde distintos sectores políticos y académicos expresaron sus cuestionamientos y plantearon una discriminación hacia la Universidad Nacional de Catamarca, que no fue incluida en esta medida publicada el 26 de enero. A ellos se sumó ahora el rector de la UNCA, Ing. Oscar Arellano, quien reconoció que es “razonable pensar en un acto discrecional y una discriminación” porque “no se explican ni fundamentan las razones para beneficiar a las 25 universidades”. En esa línea, comentó que la Casa de Altos Estudios de la Provincia ya inició un reclamo administrativo al respecto.

“Nuestra universidad sigue los caminos institucionales para solicitar los fundamentos de esta determinación y reclamar las medidas correctivas que pudieran corresponder en el seno del Consejo Interuniversitario Nacional, que reúne a todas las universidades públicas y en la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación”, explicó Arellano, en un documento que redactó con el aporte de los decanos de las distintas facultades.

Para el rector, la difusión y notoriedad de la Decisión Administrativa 54/2023, que respaldada por el Ministerio de Economía, “pone en análisis y tela de juicio estos mecanismos de modificación presupuestaria a través de Jefatura de Gabinete que, a nuestro criterio, dan margen a una cuota de discrecionalidad que es inconveniente para una distribución justa, prudente y estratégica de los recursos financieros”.

De igual manera, Arellano consideró que “independientemente de la razonabilidad o discrecionalidad de la medida, es una oportunidad para reflexionar sobre el presupuesto universitario y su vínculo con la educación en general y con la calidad académica, científica y tecnológica universitaria y el posible impacto de esta con el desarrollo nacional”.

Política de Estado

“La educación permite reducir las brechas de desigualdad y asimetrías de una región a otra que en nuestro país son históricas y profundas (como las de la pampa húmeda comparada con el NOA, por ejemplo). Como universitarios estamos convencidos que la educación, la ciencia y la tecnología son un motor fundamental en el crecimiento y desarrollo de los pueblos”, apuntó.

En ese sentido, consideró que “la educación debe ser una política de Estado a largo plazo que debe tener como correlato la asignación de fondos para llevarla a cabo”.

“El Gobierno Nacional, a través de la asignación y reasignación presupuestaria ejerce un rol de coordinación central y condiciona las políticas educativas en todos los niveles y es relevante en el nivel universitario”, agregó.