El 62,7% rechaza el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario

El conflicto por el financiamiento de las universidades públicas suma un nuevo dato sobre la opinión social: el 62,7% de los argentinos rechaza que el Gobierno de Javier Milei incumpla los fallos judiciales relacionados con la Ley de Financiamiento Universitario. En contraste, el 26,6% considera positiva la postura del Ejecutivo, según una encuesta nacional de la consultora Analogías realizada entre el 10 y el 14 de octubre.

El rechazo es todavía mayor entre quienes completaron estudios terciarios o universitarios, segmento en el que alcanza el 70,6%. Los resultados reflejan que la discusión excede a los sectores que mantienen una oposición política al Gobierno y se extiende a otros grupos de la sociedad.

De acuerdo con Marina Acosta, directora de Comunicación de Analogías, el dato más significativo es el alcance transversal del cuestionamiento a la decisión oficial de no cumplir con la ley y los pronunciamientos judiciales sobre el financiamiento de las casas de altos estudios.

La desaprobación llega al 70% entre las personas que no se identifican plenamente con ninguno de los principales espacios políticos y alcanza el 45% dentro del sector denominado oficialismo moderado.

Amplio respaldo a la universidad pública

Otros relevamientos también muestran un respaldo extendido a la educación superior estatal. Paola Zuban, directora de investigación de Zuban Córdoba y Asociados, señaló que, según las mediciones de su consultora, el 92% de los encuestados apoya el reclamo de las universidades y el 94% sostiene la educación pública.

Para la especialista, el conflicto universitario se suma a otros reclamos sociales que inciden en la evaluación de la gestión nacional, entre ellos los vinculados con las jubilaciones, la discapacidad y el sistema de salud.

En la encuesta de Analogías, la imagen positiva del presidente se ubicó en el 38,9%, frente a un 56,7% de valoración negativa. Por su parte, Proyección Consultores registró un 52,4% de evaluación negativa de la gestión nacional y un 42% positiva.

Los datos se conocieron después de la quinta Marcha Federal Universitaria, que reunió a estudiantes, docentes, trabajadores no docentes y otros sectores en defensa de la universidad pública y para exigir la aplicación de la ley de financiamiento.

Un conflicto que combina la discusión presupuestaria y judicial

La controversia no se limita a la asignación de recursos. También involucra el cumplimiento de las normas aprobadas por el Congreso y de las decisiones judiciales vinculadas con la actualización de los fondos destinados al sistema universitario.

El debate se desarrolla en paralelo a la postura del Ejecutivo, que sostiene sus decisiones en argumentos relacionados con el equilibrio fiscal. En ese contexto, un informe de Zentrix Consultora estimó que la aplicación completa de la Ley de Financiamiento Universitario demandaría entre $2,45 y $3,65 billones durante 2027.

El mismo estudio identificó $5,93 billones dentro de las partidas de Obligaciones a Cargo del Tesoro sin una asignación específica. Según la consultora, esos recursos permitirían discutir alternativas de financiamiento sin modificar necesariamente el resultado fiscal proyectado. Se trata de una estimación privada, no de una asignación presupuestaria ya aprobada para las universidades.

Santiago Giorgetta, director asociado de Proyección Consultores, advirtió que una parte de la población no conoce en detalle las implicancias legales y presupuestarias del conflicto. Sin embargo, sostuvo que la preocupación aumenta cuando la discusión se plantea en términos del desfinanciamiento de la universidad pública.

El analista también señaló que la polarización política condiciona la interpretación de los acontecimientos y propuso que las instituciones educativas complementen las movilizaciones con otras estrategias para explicar a la sociedad las consecuencias del deterioro presupuestario.

Los resultados de las encuestas vuelven a colocar al financiamiento universitario en el centro de la discusión pública. Mientras las instituciones reclaman el cumplimiento de la ley y de las resoluciones judiciales, los relevamientos muestran que el cuestionamiento a la posición del Gobierno alcanza a una mayoría de los consultados, incluso fuera de los sectores opositores más definidos.