Franco Bartolacci denunció amenazas de muerte y llevó el caso a la Justicia

El rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Franco Bartolacci, denunció haber recibido amenazas de muerte a través de las redes sociales y presentó una denuncia judicial para que se investigue el origen de los mensajes. El episodio generó preocupación en el ámbito universitario y volvió a poner en discusión el impacto de la violencia y la intimidación sobre quienes participan del debate público.

Según relató el funcionario, las amenazas llegaron a fines de la semana pasada e incluyeron advertencias de violencia física. Ante la gravedad de los mensajes, decidió recurrir a la Fiscalía para que se investiguen los hechos y se identifique a los responsables.

Bartolacci también expresó preocupación por las intimidaciones que, según indicó, alcanzaron a integrantes de su entorno familiar. Entre las personas mencionadas se encuentran su esposa, María Eugenia Schmuck, presidenta del Concejo Municipal de Rosario, y su hijo.

El rector vinculó el episodio con el clima de confrontación que rodea la discusión sobre el financiamiento de las universidades públicas. En declaraciones radiales, cuestionó la escalada de agresiones contra quienes expresan posiciones en el debate político e institucional.

“Mi pecado es defender con tanta vehemencia la educación y la universidad”, expresó Bartolacci al referirse a su postura en defensa del sistema universitario público.

La denuncia se conoce en un momento de fuerte tensión entre las autoridades universitarias y el Gobierno nacional por los recursos destinados a la educación superior. Bartolacci es una de las voces más visibles del reclamo y, desde la presidencia del CIN, participa de las gestiones para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

Un clima de tensión por el financiamiento universitario

Las amenazas denunciadas por el rector se producen en la antesala de una nueva Marcha Federal Universitaria, convocada para el jueves 15 de octubre. La movilización tiene como principales reclamos la aplicación de la ley de financiamiento, la recuperación salarial de docentes y no docentes y la asignación de fondos suficientes para garantizar el funcionamiento de las instituciones.

Bartolacci viene advirtiendo sobre el deterioro de los recursos universitarios y las dificultades para sostener actividades académicas, científicas y sociales. En el caso de la UNR, alertó sobre las limitaciones presupuestarias que afectan distintos programas, entre ellos la Escuela de Oficios, destinada a ampliar las oportunidades de formación laboral.

La disputa también se trasladó a los tribunales, luego de que la Justicia ordenara avanzar con la implementación de la normativa de financiamiento. El Gobierno nacional cuestionó esa decisión y recurrió a las vías judiciales correspondientes.

En este escenario, la denuncia de Bartolacci suma un nuevo elemento de preocupación a un conflicto que ya tiene dimensiones presupuestarias, políticas y judiciales. La investigación deberá determinar el origen y el alcance de las amenazas, mientras el rector continúa reclamando recursos para la universidad pública y garantías para el desarrollo de sus actividades.