La Justicia mantiene la cautelar y vuelve a poner al Gobierno bajo presión por las universidades

La Justicia Federal resolvió mantener vigente la medida cautelar que obliga al Gobierno nacional a avanzar con el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. El juez Martín Cormick rechazó el pedido del Poder Ejecutivo para dejar sin efecto la medida y consideró que no está acreditado que los acuerdos alcanzados durante los últimos meses hayan revertido las dificultades que dieron origen a la intervención judicial.

La decisión fue tomada en el marco de la causa iniciada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y otras entidades del sistema universitario contra el Estado Nacional por la aplicación de la Ley 27.795. El magistrado sostuvo que persisten el deterioro de los ingresos, la pérdida de poder adquisitivo y las dificultades salariales que habían sido señaladas por las universidades.

Uno de los puntos centrales de la resolución es que el Gobierno tendrá tres días para presentar un informe respaldado documentalmente. Allí deberá detallar el estado de ejecución de los compromisos asumidos y precisar qué grado de cumplimiento alcanzó respecto de la medida cautelar en su conjunto.

El Ejecutivo había fundamentado su pedido en los acuerdos alcanzados el 10 de junio con representantes del sistema universitario y los gremios. Entre ellos se estableció una actualización salarial acumulada del 24,33% para docentes y no docentes, una actualización del 20% de los gastos de funcionamiento, una partida de $50.000 millones para hospitales universitarios y un incremento del 50% en las Becas Manuel Belgrano.

Sin embargo, las universidades plantearon que esas medidas alcanzaban solamente una parte de las obligaciones contempladas por la Ley 27.795 y señalaron que permanecían pendientes aspectos vinculados con infraestructura, programas de becas, investigación y recomposición de los ingresos del sector universitario.

En su resolución, Cormick sostuvo que el Estado no logró demostrar que los acuerdos hubieran eliminado los perjuicios que justificaron la cautelar. Por ese motivo, consideró que tampoco puede darse por concluido el conflicto ni afirmar que la medida judicial haya sido cumplida en su totalidad.

La medida cautelar tiene además un antecedente clave: había sido confirmada por la Cámara en lo Contencioso Administrativo y quedó firme luego de que la Corte Suprema rechazara el recurso extraordinario presentado por el Estado el 25 de junio. El máximo tribunal había dejado así vigente la obligación de aplicar los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario, referidos principalmente a la actualización salarial y las becas estudiantiles.

La nueva resolución se conoce, además, en la previa de una nueva instancia de negociación salarial entre el Gobierno, los gremios universitarios y el sistema universitario. Con la cautelar vigente y un nuevo informe pendiente, el conflicto por el financiamiento de las universidades nacionales vuelve a quedar bajo la órbita de la Justicia.