Ley de Financiamiento Universitario: “Estamos esperando que el juez intime al gobierno para cumplir la cautelar”

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) volvió a reclamar que el Gobierno nacional cumpla con la medida cautelar que obliga al Estado a aplicar los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario. La Corte Suprema de Justicia dejó firme esa resolución el pasado 25 de junio, pero, según planteó el abogado constitucionalista del CIN, Pablo Manili, el Poder Ejecutivo todavía no cumplió de manera integral con lo establecido por la Justicia.

En diálogo con la Agencia de Noticias Científicas de la Universidad Nacional de Quilmes, Manili cuestionó la demora y sostuvo que el próximo paso debería ser una intimación judicial al Gobierno. También reclamó la aplicación de multas por cada día de incumplimiento y el inicio de causas penales contra los funcionarios que resulten responsables.

La situación fue analizada durante la audiencia conciliatoria convocada por el juez federal Martín Cormick entre representantes del Poder Ejecutivo y el CIN. Según explicó Manili, uno de los principales reclamos de las universidades estuvo relacionado con la situación presupuestaria de los hospitales universitarios de Buenos Aires, La Rioja, Cuyo y Córdoba, que atraviesan una situación crítica.

De acuerdo con el abogado, durante la audiencia el Gobierno se comprometió verbalmente a atender ese pedido, pero luego se negó a incorporarlo por escrito en el acta. Desde la perspectiva del CIN, esa situación impidió alcanzar un acuerdo y dejó pendiente la ejecución de la cautelar.

El reclamo por los salarios y las becas

La medida judicial que el Gobierno debe cumplir alcanza a los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, vinculados con la actualización de los salarios universitarios y de las becas. Manili cuestionó que el Ejecutivo pretenda levantar la cautelar argumentando que otorgó un incremento salarial del 21 por ciento y aumentó el monto de las becas Manuel Belgrano.

Según explicó, ese porcentaje representa solo una parte del incremento necesario para cumplir con lo establecido por la norma y la resolución judicial. Por eso, consideró que el planteo oficial para dejar sin efecto la medida cautelar no corresponde.

“Es como pedir que te levanten un embargo porque debías 10 pesos y ya abonaste 1”, ejemplificó el abogado, quien destacó que el juez Cormick rechazó ese planteo.

Desde el CIN, agregó, se pidió formalmente que el magistrado avance con la ejecución de la cautelar que quedó firme tras la decisión de la Corte Suprema. El reclamo incluye que el Gobierno sea intimado bajo apercibimiento de una multa diaria y que se evalúe el inicio de una causa penal por la presunta desobediencia de una orden judicial.

El pedido de sanciones

Manili sostuvo que las eventuales responsabilidades penales deberían alcanzar a los funcionarios involucrados en la aplicación de las políticas universitarias, desde la Subsecretaría de Políticas Universitarias hasta el Presidente de la Nación, en caso de que la Justicia determine responsabilidades.

Para el abogado del CIN, la demora judicial también responde a la dificultad que implica para un juez de primera instancia dictar una orden dirigida al Poder Ejecutivo y garantizar su cumplimiento. En ese sentido, consideró que la audiencia convocada por Cormick fue una instancia para intentar encontrar una salida antes de avanzar con medidas de mayor gravedad.

“Estamos esperando que el juez intime al Gobierno”, resumió Manili al referirse al próximo paso que esperan desde el CIN.

Una disputa que excede a las universidades

El abogado también ubicó el conflicto universitario dentro de un escenario más amplio de ajuste sobre organismos vinculados con la investigación, la ciencia y la tecnología. En ese marco, mencionó al INTA, el INTI, el Conicet y ARSAT.

Desde su perspectiva, la disputa no se limita a una discusión presupuestaria puntual, sino que responde a una orientación política que afecta al sistema científico y tecnológico nacional. “Hay una cuestión ideológica y una estrategia deliberada de destrucción”, sostuvo.

Mientras tanto, el CIN aguarda que el juez Cormick avance con el pedido de intimación al Poder Ejecutivo para que se cumpla integralmente la cautelar. La definición judicial será clave para determinar los próximos pasos del conflicto por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

Fuente y agradecimiento: Entrevista realizada por Nicolás Retamar para la Agencia de Noticias Científicas de la Universidad Nacional de Quilmes, publicada el 24 de agosto de 2026.