Fracasó la mediación judicial entre el Gobierno y las universidades por el financiamiento

La audiencia judicial entre el Gobierno nacional y las universidades públicas terminó sin acuerdo, en el marco del reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. El encuentro había sido convocado por el juez Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11, que interviene en la causa de fondo.

Durante la audiencia, la Universidad de Buenos Aires (UBA) y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) reiteraron ante la Justicia la necesidad de actualizar los fondos destinados a los gastos de funcionamiento, ciencia y tecnología y, especialmente, a los hospitales universitarios.

El reclamo se mantiene luego de que la Justicia dispusiera medidas para que el Ejecutivo transfiera los recursos previstos por la normativa de financiamiento universitario y atienda la pérdida salarial de los trabajadores docentes y no docentes desde 2024.

Según el planteo de las universidades, el Gobierno continúa sin cumplir con las obligaciones establecidas por la ley, pese a las decisiones judiciales. En ese contexto, el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, fueron denunciados penalmente por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público.

La preocupación por los hospitales universitarios

En representación de la UBA, el vicerrector Emiliano Yacobitti expuso durante la audiencia la situación presupuestaria de los hospitales universitarios y reclamó que se asignen los créditos contemplados en la Ley de Presupuesto 2026, independientemente del cronograma establecido para las transferencias financieras.

La preocupación por el funcionamiento de los centros de salud universitarios había sido planteada por la UBA en mayo, cuando la institución advirtió que los hospitales podían quedar al borde de una “parálisis total” si no se recibían las partidas correspondientes para sostener su funcionamiento operativo.

De acuerdo con las actas de la audiencia, el CIN acompañó el reclamo de la universidad y señaló que la situación requiere una respuesta urgente en las instituciones públicas que cuentan con hospitales universitarios.

Además, el organismo solicitó que se acelere tanto la resolución definitiva de la causa como el cumplimiento de la medida cautelar vigente.

El Gobierno tomó nota de los reclamos

El Ejecutivo participó de la audiencia a través del procurador del Tesoro, Sebastián Amerio; el subprocurador, Julio P. Comadira; y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez.

Los representantes del Gobierno señalaron que habían tomado conocimiento de los reclamos formulados por las universidades. También repasaron las medidas adoptadas por la administración y mencionaron la convocatoria a paritarias universitarias prevista para el 1° de septiembre.

Asimismo, se comprometieron a analizar la asignación de los recursos solicitados, aunque mantuvieron su pedido para que la medida cautelar dictada en el expediente sea dejada sin efecto.

Expectativa entre los rectores

Pese a que la audiencia terminó sin consenso, las autoridades universitarias valoraron el encuentro y expresaron expectativas respecto de una posible resolución del conflicto.

El presidente del CIN, Franco Bartolacci, sostuvo que las universidades ratificaron la necesidad de que se ejecute con celeridad la medida cautelar y que avance la resolución de fondo de la causa.

“Cada parte ratificó su posición, no hubo acuerdo y siguen las actuaciones según su estado”, explicó Bartolacci, quien consideró que la audiencia fue importante y manifestó su expectativa de recibir novedades en los próximos días.

Desde el ámbito universitario también señalaron que el encuentro podría generar condiciones para una definición judicial o para que el Ejecutivo avance con el giro de los recursos reclamados.

El conflicto continúa en el Congreso y la Justicia

Al no alcanzarse un acuerdo, el expediente continuará su trámite judicial. En paralelo, los gremios docentes universitarios mantienen su plan de lucha con distintas medidas de fuerza.

El conflicto se desarrolla además en un escenario de disputa política por la Ley de Financiamiento Universitario. El Congreso había rechazado el veto presidencial contra la normativa, mientras que el Ejecutivo sostiene que la ley entra en contradicción con las disposiciones de la Ley de Responsabilidad Fiscal y las reglas de buenas prácticas de gobierno.

Durante los últimos meses, el oficialismo también intentó avanzar con modificaciones que podían dejar sin efecto el reclamo de las universidades. Sin embargo, esas iniciativas quedaron demoradas en medio de las dificultades políticas del Gobierno para reunir los apoyos necesarios en el Congreso.

En paralelo, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, cuestionó en redes sociales a quienes reclaman el cumplimiento de las decisiones judiciales y puso en duda la disponibilidad de recursos para afrontar los pagos reclamados por el sector universitario.

De esta manera, el conflicto entre el Gobierno y las universidades públicas continúa abierto, con una causa judicial en trámite, reclamos presupuestarios pendientes y una nueva instancia paritaria prevista para el próximo 1° de septiembre.