Los gremios universitarios endurecen su plan de lucha

La comunidad universitaria se prepara para profundizar las medidas de fuerza frente al incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Los gremios docentes anunciaron un paro de 48 horas para el jueves 27 y viernes 28 de agosto, mientras avanzan las conversaciones para coordinar una nueva marcha federal.

La medida fue comunicada por la Confederación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu), que sostuvo que “la universidad pública no se rinde” y ratificó la continuidad del plan de lucha. El objetivo es reclamar la aplicación de la ley, aprobada y publicada en el Boletín Oficial hace más de 300 días.

En este marco, el secretario general del Sindicato de Trabajadores Docentes de la Universidad de Buenos Aires (FEDUBA), Pablo Perazzi, señaló que se busca avanzar en “acciones coordinadas entre todos los sindicatos docentes y no docentes” para concretar una nueva marcha nacional universitaria.

Durante la jornada también está prevista una reunión entre el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), las federaciones de trabajadores y la Federación Universitaria Argentina (FUA). El encuentro tendrá como finalidad analizar el escenario actual, definir los próximos pasos y determinar si el paro de 48 horas contará con la participación conjunta de todos los sectores gremiales.

Reclamo por el financiamiento universitario

La convocatoria se produce luego de que la Ley de Financiamiento Universitario fuera ratificada por el Congreso y de que distintos fallos judiciales ordenaran su cumplimiento. Sin embargo, los gremios sostienen que el Gobierno continúa demorando su aplicación mediante distintas instancias legales.

Según las estimaciones de las organizaciones sindicales, los trabajadores universitarios acumularon una pérdida cercana a un tercio de su poder adquisitivo desde el inicio de la gestión de Javier Milei. Para recuperar el nivel de compra registrado en diciembre de 2023, consideran necesario un incremento superior al 50%.

Los gremios también advierten sobre las consecuencias que tiene el actual esquema de financiamiento para las universidades nacionales. De acuerdo con el CIN, más de 10.000 docentes e investigadores dejaron sus cargos desde la asunción de Milei. En la Facultad de Ciencias Exactas se registraron 438 renuncias, mientras que en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) la cifra superó el millar.

La falta de transferencias presupuestarias previstas por la Ley ratificada en octubre de 2025 impacta, según los sindicatos, en los gastos de funcionamiento de las universidades y en los recursos destinados a salarios y becas estudiantiles.

La discusión salarial y la movilización

Perazzi sostuvo que la discusión salarial está vinculada directamente con el escenario político y consideró que la salida del conflicto requiere movilización. “La cuestión salarial no se va a resolver si no se resuelve primero la cuestión política, y la cuestión política no se va a resolver sin movilización popular”, afirmó.

El nuevo paro se producirá luego de la huelga de cinco días realizada por trabajadores nucleados en Conadu Histórica entre el 18 y el 22 de agosto. Los gremios continúan reclamando el cumplimiento de los derechos establecidos por la Ley N.º 27.795 y de las resoluciones de los poderes Legislativo y Judicial.

En paralelo, desde AGD UBA cuestionaron las declaraciones del subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, quien había calificado como “ilegal” y motivada políticamente la medida de fuerza de la semana anterior.

La organización sindical rechazó esas declaraciones y las consideró un ataque contra la organización gremial independiente de la docencia universitaria. En ese sentido, destacó que AGD UBA cuenta con inscripción legal, más de 5.000 afiliados y reconocimiento en distintas universidades.

Desde el gremio ratificaron que las medidas continuarán mientras no exista una respuesta a sus reclamos y calificaron al paro como “legal y legítimo”.

Sin acuerdo en la audiencia judicial

El conflicto también tuvo un nuevo capítulo en el ámbito judicial. El viernes pasado se realizó una audiencia convocada por el juez federal Martín Cormick, de la que participaron representantes del Gobierno y de las universidades públicas. El encuentro finalizó sin acuerdo entre las partes.

Mientras tanto, los gremios mantienen la expectativa sobre la próxima instancia paritaria, convocada para el 1° de septiembre.

Perazzi expresó además sus dudas respecto de la posibilidad de alcanzar una solución mediante las negociaciones y sostuvo que, frente a este escenario, los trabajadores confían en la organización y en la participación de la comunidad universitaria para sostener el reclamo.