300 días sin financiamiento universitario y la ley que el Gobierno no aplica

El conflicto por el financiamiento universitario llega esta semana a una cifra que se convirtió en un nuevo símbolo para la comunidad académica: 300 días desde la sanción definitiva de la Ley 27.795 sin que el Gobierno nacional haya implementado de manera integral sus disposiciones.

La norma fue sancionada por el Congreso en agosto de 2025 y, después de que el Poder Ejecutivo intentara vetarla, ambas cámaras insistieron con dos tercios de los votos. El 2 de octubre el Senado confirmó la sanción y, conforme al artículo 83 de la Constitución Nacional, el proyecto quedó convertido en ley. El Gobierno la promulgó mediante el Decreto 759/2025, publicado el 21 de octubre.

La ley establece como objetivo garantizar el financiamiento de la educación universitaria pública y contempla, entre otras cuestiones, la actualización de partidas presupuestarias, la recomposición salarial de docentes y nodocentes, el sostenimiento de programas destinados a estudiantes y recursos para investigación y desarrollo. El artículo 9 dispone además la adecuación de las partidas correspondientes a las universidades públicas para actualizar el presupuesto al 1° de enero de 2025.

Sin embargo, al promulgarla, el Gobierno dejó asentado que su ejecución quedaba suspendida hasta que el Congreso determinara las fuentes de financiamiento e incorporara las partidas correspondientes al Presupuesto. Ese argumento quedó expresado en los considerandos del Decreto 759/2025.

El conflicto llegó a la Justicia

Ante la falta de aplicación de la norma, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) impulsó una demanda judicial. La Justicia dictó una medida cautelar que ordenó al Estado aplicar determinadas disposiciones de la Ley de Financiamiento Universitario.

La medida fue confirmada por la Cámara de Apelaciones y el Gobierno llevó el conflicto hasta la Corte Suprema. El 25 de junio de 2026, el máximo tribunal dejó firme la cautelar al rechazar el recurso presentado por el Ejecutivo. La resolución alcanzó particularmente las disposiciones vinculadas con la actualización salarial y las becas estudiantiles.

Desde el CIN remarcaron entonces que el fallo representaba un avance, pero advirtieron que todavía quedaba pendiente su “efectivo cumplimiento” y la aplicación integral de la Ley 27.795. Entre los aspectos que el organismo señaló como pendientes aparecen los salarios, las becas, los gastos de funcionamiento, la infraestructura, el equipamiento, los programas estratégicos y el financiamiento de la ciencia y la tecnología.

300 días y un nuevo paro

La llegada de los 300 días coincide con una nueva escalada del conflicto. La CONADU Histórica inició el martes 18 un paro de cinco días que se extenderá hasta el sábado 22 de agosto. Mientras tanto, ayer se realizaron movilizaciones y acciones de protesta en distintos puntos del país.

En Buenos Aires, una de las principales actividades se desarrolló frente al Palacio Pizzurno, sede de la Secretaría de Educación. El reclamo reunió a docentes, nodocentes y estudiantes y tuvo como eje la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

El conflicto no se limita al reclamo salarial. Los gremios y organizaciones universitarias también reclaman por las becas estudiantiles, los gastos de funcionamiento, los hospitales universitarios y el financiamiento de las actividades de investigación.

Los sindicatos sostienen que todavía existe una diferencia salarial significativa respecto de lo que debería haberse actualizado en función de la normativa. Según las organizaciones estiman que la recomposición pendiente se ubica entre el 28,5% y el 31,2%, además del retroactivo que reclaman desde la entrada en vigencia de la ley.

Una disputa que continúa en los tribunales

La discusión tendrá un nuevo capítulo este viernes 21 de agosto, cuando el juez federal Martín Cormick convoque a una audiencia en la causa por la aplicación de la ley.

El CIN pidió que se intime al Gobierno a cumplir con la medida cautelar que quedó firme luego de la intervención de la Corte Suprema. El organismo también planteó la posibilidad de avanzar con medidas frente a un eventual incumplimiento, entre ellas multas al Estado y acciones por desobediencia.

Mientras tanto, el Gobierno sostiene una posición diferente. La Subsecretaría de Políticas Universitarias afirmó que el Estado continúa cumpliendo con las obligaciones correspondientes al sistema universitario y mencionó los pagos salariales, los gastos de funcionamiento y los hospitales universitarios. También cuestionó el paro y sostuvo que responde a una motivación política.

Así, los 300 días funcionan como el nuevo punto de referencia de un conflicto que comenzó con la sanción de una ley, continuó con un veto presidencial rechazado por el Congreso y llegó hasta la Corte Suprema.

La disputa ya no se desarrolla solamente en el terreno presupuestario y salarial: también se convirtió en un conflicto institucional sobre el cumplimiento de una norma aprobada por el Congreso y de una decisión judicial que obliga al Estado a aplicar parte de sus disposiciones.

Mientras las universidades vuelven a las medidas de fuerza, el reclamo por el financiamiento entra así en una nueva etapa: 300 días después, la ley sigue sin aplicarse de manera integral y el conflicto continúa abierto en las aulas, en las calles y en los tribunales.