Las universidades nacionales esperan que el Gobierno nacional avance con el cumplimiento de la medida cautelar vinculada con la Ley de Financiamiento Universitario, luego de que la Corte Suprema de Justicia dejara firme esa resolución al rechazar el recurso extraordinario presentado por el Estado nacional. Según estiman rectores y organizaciones gremiales, la aplicación efectiva del fallo podría derivar en una nueva recomposición salarial cercana al 25% para docentes y no docentes.
La expectativa se concentra ahora en la forma en que el Poder Ejecutivo instrumentará la decisión judicial. Desde el sistema universitario sostienen que el fallo de la Corte dejó sin efecto la última instancia de apelación del Gobierno y que, por lo tanto, corresponde avanzar con la ejecución de la cautelar que ordenó actualizar salarios y otros recursos contemplados por la ley.
El porcentaje que mencionan las universidades responde a la diferencia que, según sus cálculos, todavía existe entre los incrementos salariales ya otorgados y la actualización prevista en la Ley de Financiamiento Universitario. En ese sentido, aclaran que no se trata del aumento del 24,33% acordado en la última paritaria, sino de una recomposición adicional que surgiría del cumplimiento de la resolución judicial.
Desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y los gremios universitarios remarcan que la decisión de la Corte Suprema refuerza la obligación del Estado de cumplir con la cautelar y confían en que esa definición tenga un correlato en las próximas liquidaciones salariales.
Mientras tanto, el conflicto por el financiamiento universitario continúa abierto. Aunque el último acuerdo paritario permitió una mejora en los ingresos del sector, las universidades sostienen que aún resta cumplir con lo dispuesto por la Justicia para avanzar en la recuperación del poder adquisitivo de docentes y no docentes.
Este enfoque deja claro desde el primer párrafo que el hecho nuevo es el fallo de la Corte Suprema, mientras que la expectativa del incremento cercano al 25% aparece como una posible consecuencia de esa decisión, sin dar por hecho que el Gobierno ya resolvió aplicarlo.