La UNC respaldó la ley de financiamiento universitario y rechazó un eventual veto presidencial

El Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) expresó un respaldo unánime a la ley de financiamiento universitario recientemente aprobada en el Congreso y rechazó cualquier intento de veto presidencial a la normativa. En una declaración votada sobre tablas, el cuerpo advirtió que un eventual veto significaría “un retroceso en materia de financiamiento y afectaría la capacidad de las universidades de cumplir con sus funciones sustantivas de formación, investigación, extensión y vinculación con la sociedad”.

El pronunciamiento incluyó además el reclamo por la aprobación de un presupuesto universitario para 2026, al considerar que este instrumento resulta fundamental para garantizar previsibilidad en la gestión de las instituciones.

En el mismo sentido, la declaración convocó a la comunidad universitaria a mantenerse en estado de alerta y acompañó la posibilidad de una tercera marcha federal en defensa de la universidad pública, cuya fecha será definida en el próximo plenario del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), previsto para el 29 de agosto.

“Esta movilización será un acto de posicionamiento a favor de la educación pública, entendida como un derecho constitucional y un pilar estratégico para el desarrollo democrático inclusivo y soberano del país”, señala el texto.

Al respecto, el rector Jhon Boretto adelantó que uno de los ejes del plenario del CIN será la elaboración de una propuesta de presupuesto para 2026, iniciativa que todos los años se eleva al Gobierno nacional. Asimismo, destacó la importancia de sostener la coordinación local entre gremios, centros estudiantiles y autoridades decanales para organizar medidas conjuntas en defensa del sistema universitario.

Durante la sesión, la Asociación de Docentes e Investigadores Universitarios de Córdoba (ADIUC) expuso la situación salarial del sector y reclamó un incremento del 43% para equiparar el poder adquisitivo perdido desde noviembre de 2023. El gremio subrayó que gran parte del funcionamiento universitario recae en trabajadores con ingresos deteriorados y destacó la adhesión inédita a las medidas de protesta.

“Es momento de confluir en acciones que canalicen los distintos reclamos. Ante la posibilidad de un veto presidencial, resulta urgente aunar esfuerzos para que el Congreso rechace esa disposición”, concluyó el documento de ADIUC.