La rectora de la Universidad de La Punta (ULP), presentó una denuncia en la Justicia contra el gobernador de la provincia de San Luis, Claudio Poggi, quien envió a un comando de elite de la Policía para intervenir las instalaciones de la casa de estudios.
Eugenia Catalfamo afirmó que "un gobernador no puede avasallar las funciones que tiene otro poder del Estado, como es en este caso el Senado de la provincia de San Luis, que me designó por acuerdo y por mayoría para ser rectora de la Universidad".
En ese marco, señaló que "esto es una jugada política" y expresó: "A 40 años de la democracia, intervienen con un comando armado e ingresó a la Universidad, una medida drástica y antidemocrática". "Es muy grave, los empleados están muy asustados y tienen una incertidumbre laboral tremenda".
Tras esto, el vicerrector de la ULP, Marcelo Amitrano, confirmó la presentación de una denuncia en la Justicia contra el gobernador de la provincia, Claudio Poggi, y su actual ministra de Seguridad, Nancy Sosa, “por amedrentamiento y abuso de poder” sucedidos durante la intervención a la casa de estudios provincial. Asimismo, que durante este lunes se presentará una acción de amparo.
A los que tenemos memoria sabemos que ver uniformados en la institución educativa no ha sido bueno nunca, no se empieza por ahí, hay una intencionalidad de mandar un mensaje, de amedrentar, apretar y tratar de marcar una posición por la fuerza”, aseguró Amitrano.
Cabe destacar que Poggi firmó el decreto junto con el ministro de Educación, Guillermo Araujo, y dejó sin efecto el nombramiento de Catalfamo. En la medida se cuestiona la designación de Catalfamo como “irregular”, porque al momento de ser nombrada ocupaba una banca en el Senado de la Nación. Asimismo, considera que no cumple con tres requisitos para estar al frente de la casa de estudios.
“No fue nunca profesor titular de alguna universidad acreditada, tampoco tiene cinco años de actuación académica universitaria ni cuenta con experiencia en la dirección y gestión de organismos públicos o instituciones privadas, ni participó en proyectos de alcance internacional, como exige el mismo estatuto”. Por lo que se dispuso la intervención por seis meses y dejó sin efecto la designación de María Eugenia Catalfamo.
Tras esta medida, se designó a Luis Guillermo Quintas como interventor, a María Eugenia Vergés Secretaria General y Marcelo Genaro Neme Secretario Legal y Técnico. Sin embargo como Quintas afronta problemas personales, Vergés “quedará a cargo de la casa de estudios hasta que el interventor normalice su situación”, se indicó.