viernes, 20 de noviembre de 2020 |Hora: : :

Educación


Universidades católicas rechazaron la legalización del aborto

Fecha Publicación: 20/11/2020  09:30 

A través de una carta consideraron como “grave” que se propongan medidas que significarían “un quiebre en el respeto debido a los derechos humanos fundamentales
 
El envío al Congreso Nacional del proyecto de ley sobre el aborto suscitó una enorme reacción de instituciones y organismos vinculados a la Iglesia. En las últimas horas, se conoció la declaración de las universidades católicas.
 
La carta fue firmada por: la Pontificia Universidad Católica Argentina; las Universidades Católicas de Córdoba, de Santiago del Estero, de Santa Fe, de La Plata, de Cuyo, de Misiones, y de Salta; la Universidad del Salvador, la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino; la Universidad Fasta; la Universidad de San Isidro; y la Escuela Universitaria de Teología.
 
Derechos humanos fundamentales
 
Las universidades señalaron que "la pandemia por el Covid-19 puso en el centro de preocupación social el cuidado de la vida, principio fundamental que encuentra eco en el corazón de cada persona y forma parte de los cimientos necesarios para la cohesión de la vida social".
 
Afirmaron, además, que la protección de la vida es una exigencia de justicia que nos interpela en muchos sentidos: “El primero y fundamental consiste en reconocer a cada persona, desde su concepción hasta su muerte natural, el derecho a vivir y se plasma en la legislación penal correspondiente”.
 
Consideraron que cumplir con estas exigencias requiere una respuesta coherente e integral, sin contradicciones. La sanción de este proyecto de ley sobre el aborto “significaría un quiebre en el respeto debido a los derechos humanos fundamentales”. Agregaron que esta ley dividiría más a la sociedad que hoy necesita de la unidad para salir de la crisis. 
 
El rechazo
 
Asimismo, reconocen las dolorosas situaciones que se presentan en la maternidad, especialmente en las madres más frágiles por las condiciones familiares, económicas, educativas y sociales. Para responder a esa vulnerabilidad que respete la dignidad humana y el bien común, “se requiere coherencia en las políticas públicas y la legislación”, señalaron.
 
Luego, agregaron que el mandato constitucional al Congreso de la Nación consiste, justamente, en dictar un régimen de seguridad social especial para la madre y el niño desde el embarazo (art. 75 inc. 23 Constitución Nacional).
 
En el texto recordaron que, tanto la Constitución Nacional como los tratados sobre Derechos Humanos y los código Civil y Comercial, reconocen formalmente que se es ‘niño’ desde la concepción hasta los 18 años. Y expresan: “Por eso, la tutela jurídica del derecho a la vida comienza desde la concepción”.
 
Por tanto, desde estas casas de estudio, ratificaron que “No cabe más que rechazar enfáticamente todo intento de legitimar la destrucción de la vida del ser humano, por la vía que fuere, más allá de propuestas alternativas”.
 
Finalmente, sostuvieron que esperan que las autoridades nacionales estén a la altura del crítico momento histórico y solamente promuevan y aprueben leyes que siempre defiendan la vida y apoyen integralmente tanto a la madre como a los seres humanos por nacer, en la convicción de que toda vida vale”.




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