martes, 24 de noviembre de 2020 |Hora: : :

Universidad de Buenos Aires


Justicia Juvenil en Argentina: Un debate pendiente

Fecha Publicación: 18/11/2020  09:00 

Entrevista a la Dra Mary Beloff, Profesora Titular de Derecho Penal y Procesal Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y especialista en justicia juvenil
 
 
Cada vez que un niño es imputado por un hecho delictivo, los medios de comunicación se hacen eco y ponen el foco de la información y del debate en la baja de la edad de imputabilidad. El debate pone en evidencia la necesidad de un cambio, pero ¿qué es lo que hay que cambiar: las leyes o las instituciones?
 
Si bien hay un consenso casi generalizado respecto de que la respuesta al delito juvenil es inadecuada, las posibles alternativas para modificarla revelan posiciones irreconciliables. Para conocer acerca de este tema, la Dra. Mary Beloff, Profesora Titular de Derecho Penal y Procesal Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y especialista en justicia juvenil, dio a conocer su punto de vista.
 
“Como punto de partida, para determinar qué habría que cambiar sería conveniente conocer primero cómo es la justicia de menores en la actualidad. Para ello deben diferenciarse claramente dos situaciones”, señala Beloff.
 
¿Cuáles son esas dos situaciones?
 
Por un lado, está la situación de los adolescentes que responden penalmente por la comisión de delitos (quienes tienen entre 16 y 18 años no cumplidos) los que, de acuerdo con la ley penal de fondo, deben ser juzgados y sancionados con un sistema especial en cuanto a la aplicación, el monto y la ejecución de la pena en caso de que sean hallados responsables. Desde el punto de vista procesal, el menor imputable cuenta con todos los derechos y garantías que tiene un adulto, además de las protecciones particulares derivadas del llamado “principio de especialidad”. Como garantía adicional derivada del trato diferenciado, la ley hasta autoriza a que sean eximidos de la aplicación de una pena ya que el fin de la justicia juvenil no es retributivo, sino resocializador; y, en caso de que se decida aplicarle una pena, a partir de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia (puntualmente, del precedente “Maldonado”) y de las exigencias del derecho internacional de los derechos humanos, ésta debe ser diferente de la que correspondería a un adulto en idéntica situación, diferencia que puede construirse a partir de lo establecido por el Régimen Penal de Minoridad (ley nº 22278) al regular la facultad de reducirla sanción conforme las reglas previstas para los casos de comisión de delitos  en grado de tentativa.
 
Por otro lado, se encuentran los adolescentes y niños inimputables (a quienes, por tener menos de 16 años, se considera incapaces de responder penalmente). Acá la situación es algo más compleja puesto que, por tratarse de competencias reservadas constitucionalmente a las provincias, el régimen de respuesta varía según cada jurisdicción. En cualquier análisis del tema es fundamental tener presente que en la última década las jurisdicciones locales han adecuado sus legislaciones al sistema de normas internacional de protección de los derechos del niño para regular expresamente, en su mayoría, la situación de los menores inimputables, ya sea en cuanto a sus derechos, garantías, procedimiento a seguir y medidas que pueden adoptarse respecto de ellos (cautelares, de protección o de seguridad). Se prevé que estas medidas puedan ser  impugnadas por el niño, su familia, su abogado o el asesor de menores (en las jurisdicciones que mantienen esta figura y que, en algunos casos, autorizan que cumpla con el rol de defensa técnica).
 
Existen también dos posiciones, o por lo menos son las más conocidas en cuanto a la respuesta a la delincuencia juvenil: una más garantista y la otra más punitiva. ¿Esto es así?
 
Es verdad que a primera vista puede parecer que hay dos posiciones, pero el debate es algo más opaco y, por lo tanto, provoca confusión. Por un lado, está la conocida respuesta asociada con los enfoques abiertamente represivos que reclaman el endurecimiento del sistema penal. Estos enfoques proponen habitualmente, como “solución al problema de la inseguridad”, un programa doble: el aumento del territorio de lo prohibido penalmente (más conductas consideradas delitos) junto con el aumento de la duración de las penas. Cuando se trata de delitos de adolescentes, esta posición agrega un tercer elemento a su programa: la reducción de la edad penal.
 
Parte de la creencia que sostiene este enfoque se basa en que esta solución “disuasiva” impactaría en una reducción de los delitos al inhibir a los potenciales delincuentes (en este caso, a los menores de edad) de infringir la ley penal, pero la verdad es que esta posición sorprende por su desapego a lo que se enseña e investiga acá y en cualquier país del mundo: no hay relación directa entre la edad penal y la cantidad de delitos que cometen los jóvenes del mismo modo que el aumento de las penas no reduce la comisión de delitos.
 
En líneas generales, este punto de vista es sistemáticamente rechazado por la comunidad científica y académica dadas su inconsistencia teórica, su distancia con los estándares internacionales y su ineficacia político-criminal.
 
 
¿Por qué entonces se sigue utilizando como argumento?
 
Quizás un argumento complementario podría sostener que la baja de la edad penal es una forma de evitar que los menores de edad sean utilizados por adultos para cometer delitos. Considerado seriamente este punto de vista, una solución más razonable al problema sería el agravamiento de las penas cuando personas mayores utilizan menores de edad en la comisión de delitos.
 
Frente a esta posición que abiertamente postula la necesidad de endurecer la respuesta estatal frente al delito juvenil, aparece otra que se presenta como sustancialmente diferente pero que, en sus propuestas concretas, coincide en gran parte con la solución anterior y se basa sobre presupuestos igualmente falsos. En este sentido, se afirma que debe reducirse la edad penal para dotar de garantías a los procedimientos que se siguen contra menores inimputables a los que se atribuye la comisión de un delito por debajo de la edad penal mínima (16 años), dominante en las diversas reformas latinoamericanas del último cuarto de siglo.
 
¿Esto es válido?
 
Este argumento aplicado a la Argentina desconoce tres cuestiones básicas: por un lado, que las garantías procesales son competencia local, por lo tanto se regulan en leyes procesales provinciales, no en las leyes penales sustantivas que regulan la edad penal (competencia del Congreso Nacional); por el otro, como mencioné, que gran parte de las provincias argentinas han reformado sus leyes junto con la Nación para dotar de todas las garantías a estos procedimientos, más allá de que la jurisprudencia desde hace años aplica reglas constitucionales clásicas o garantías reconocidas en tratados de derechos humanos directamente a todos los procedimientos incluidos los seguidos contra menores inimputables; finalmente, lo más importante: que el debido proceso legal rige en cualquier procedimiento, no sólo en los procesos penales, cuestión reconocida por la jurisprudencia nacional así como por organismos internacionales relevantes, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
 
¿Cuáles son los números actuales de delitos cometidos por menores de edad?
 
En el país no existen estadísticas oficiales sobre el tema, consolidadas y sostenidas a lo largo del tiempo, lo cual constituye un déficit incomprensible después de tantos años y de tanto desarrollo tecnológico que facilita enormemente producirlas.
 
Ahora bien, de la información que puede reconstruirse a partir de diversas bases de datos que responden a variados criterios de sistematización, se puede afirmar —sin pretensión de certeza por el mencionado déficit—, que la participación de personas menores de dieciocho años de edad en delitos es históricamente baja (alrededor del 3/4 %), con algún aumento no significativo desde el punto de vista estadístico en las últimas décadas.
 
En la Provincia de Buenos Aires —jurisdicción donde, por su densidad demográfica, la cantidad de delitos registrados por el sistema judicial es más elevada y, en los casos de hechos graves, alcanzan una mayor trascendencia pública que en otras jurisdicciones—, los relevamientos estadísticos de la Procuración General de la provincia también coinciden con los datos mencionados en el sentido de la baja relevancia estadística de los hechos cometidos por menores de edad. Además, mientras el número de causas iniciadas en el fuero de mayores aumentó, por lo contrario, las iniciadas en el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil se mantuvieron constantes durante los años 2009 al 2012, en tanto que a partir del año 2013 se evidenció un descenso en todos los períodos, hasta el año 2019 inclusive.
 
En relación con el tipo de delitos imputados a menores de edad, de acuerdo con las estadísticas disponibles, es posible concluir que, en su mayoría, son delitos contra la propiedad, y que resulta ínfimo el porcentaje de adolescentes involucrados en delitos graves. Por dar un ejemplo, en relación con homicidios dolosos, específicamente, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, durante el año 2018 fueron imputadas 243 personas, de las cuales 3 resultaron penalmente responsables (entre 16 y 18 años no cumplidos) y 2 inimputables (incapaces) en razón de su menor edad,  de acuerdo al Informe sobre homicidios 2018, Instituto de Investigaciones y Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación.
 
Estos datos, si bien no exhaustivos, demuestran que existe una sobre-representación del fenómeno del delito juvenil, construida a partir de la distorsionada interpretación que, coyunturalmente, algunos medios difunden respecto de la real incidencia de los delitos cometidos por adolescentes en la seguridad ciudadana.
 
¿Cómo se pronuncian los organismos internacionales respecto de este tema?
 
De acuerdo con estos organismos que tienen la tarea de interpretar lo que los juristas llamamos el amplio sistema de normas de protección de derechos del niño, dos ejes deben guiar la política criminal juvenil: la prevención del delito juvenil como garantía de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de los más jóvenes; y la especialidad como respuesta diferenciada a la situación de adolescentes imputados por un delito en caso de que fracase la prevención.
 
De esta forma, el foco no está en la responsabilidad penal del adolescente, sino en la prevención, es decir, en el aseguramiento y cumplimiento de las responsabilidades que le corresponden a la familia, la sociedad y al Estado respecto de ese adolescente.
 
Eventualmente, frente al fracaso de la prevención, el ingreso al sistema penal de una persona menor de edad debería —además de garantizar la estricta observancia del debido proceso, y de los derechos y garantías propios de la especialidad— convertirse en una paradójica oportunidad: lograr que el niño o el adolescente comprenda el daño que causó con su conducta, advierta que forma parte de una comunidad y de sus valores, desarrolle el sentido de la responsabilidad por sus hechos, y se relacione de forma no conflictiva con su medio en el futuro.
 
¿Y cuáles son los estándares internacionales en cuanto a la edad de los menores?
 
En cuanto a la determinación de la edad penal mínima, en la reciente Observación General nº 24, el Comité de Derechos del Niño (organismo encargado de monitorear el cumplimiento de la Convención sobre Derechos del Niño) establece que debería fijarse por encima de los 14 años de edad, alienta a los Estados a elevarla en los casos en los que sea inferior, e insta a no reducirla en aquellos donde ya esté fijada por encima de esa edad.
 
Éste último punto se deriva de los principios rectores en el Derecho internacional de no regresividad y progresividad en la garantía de los derechos humanos: una reducción de la edad mínima de responsabilidad penal afectaría los mencionados principios.
 
¿Podría mencionar alguna experiencia sobre esto?
 
La experiencia latinoamericana enseña mucho en ese sentido. 
 
La solución legislativa de bajar la edad mínima, planteada en clave garantista o en clave represiva, no incidió en un mayor reconocimiento de garantías concretas a los menores de edad, ni en la reducción del índice de los delitos, ni en la disminución de la violencia de los adolescentes hacia la sociedad, ni de esta hacia los aquellos. Ejemplos en Centroamérica de que la sola modificación de la ley —sin que sea acompañada por políticas preventivas y por una ingeniería institucional adecuada con programas que hagan posible su cumplimiento— no impacta en la realidad, son el problema gravísimo de las ejecuciones sumarias de menores en muchos países de la región, el aumento de los adolescentes privados de libertad y el crecimiento sideral del fenómeno de las pandillas juveniles en los últimos veinte años. Dificultades equivalentes se encuentran en todos los países latinoamericanos que aprobaron leyes técnicamente muy bien elaboradas, pero que no fueron acompañadas de reformas institucionales que aseguren el cumplimiento de esas nuevas legislaciones.
 
Entonces, ¿Una posible modificación del Código penal sería una solución real?
 
Un ingreso a la justicia penal de los menores de 16 años de edad no sólo contravendría el mencionado amplio corpus juris de protección de derechos del niño, sino que, en sus efectos prácticos, implicaría replicar los problemas que tiene la justicia penal de adultos, aumentaría la violencia de manera exponencial y no resolvería los problemas de nadie: ni de la sociedad, ni de los menores perpetradores de delitos ni de las víctimas de la inseguridad por ausencia del Estado.   
 
Tantas transformaciones legales de la respuesta jurídico-penal al delito de los menores de edad en América Latina en general (y en Argentina en particular) —basadas en estándares internacionales de protección de derechos humanos de los niños y de las víctimas— revelan que para incidir en la reducción de la violencia de y hacia los jóvenes se requiere algo más que modificar el Código Penal.
 
Si los niños, sus derechos y la seguridad de todas las personas son realmente tomadas en serio, debería, en primer lugar, formularse un acuerdo que guíe la definición de una política criminal juvenil que involucre a todos los actores con responsabilidades institucionales y a todas las jurisdicciones; un acuerdo que exprese la definición social y política de qué se quiere cambiar, para qué y cómo se van a lograr los resultados deseados. Plantear la responsabilidad penal de los adolescentes sin concretar políticas preventivas y de reintegración social seguramente tendrá efectos sobre la inseguridad: aumentarla al reproducir la exclusión, la marginalidad y la violencia que desde siempre han definido a la justicia penal de adultos.  Una sociedad que piensa más en castigar a sus jóvenes que en generar las condiciones para que ellos crezcan y se desarrollen al margen del delito y la violencia revela una miopía severa y compromete seriamente su futuro.




Fuente: (Universidad de Buenos Aires)

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